El Tribunal de Cuentas investiga convenios sin cobrar en Fuengirola

Acrisnieve-River Playa; Jabalsur; y Marbella-Hernán Cortés son los tres convenios con dudas. :: i. g./
Acrisnieve-River Playa; Jabalsur; y Marbella-Hernán Cortés son los tres convenios con dudas. :: i. g.

La institución ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de Ciudadanos, que cifra estos impagos en más de 800.000 euros

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de investigación al Ayuntamiento de Fuengirola en el que analizarán el presunto perjuicio patrimonial sufrido por el Consistorio al no cobrar en Tesorería tres convenios urbanísticos; una acción que realizan tras la denuncia de Ciudadanos y que fue adelantada en exclusiva por este periódico. En concreto, se trata de los convenios de Acrisnieve-River Playa (162.273,27 euros); Jabalsur- Rio Fuengirola (371.400,09 euros); y Marbella-Caller Hernán Cortes (264.407,17 euros). Los impagos rondarían una cantidad superior a los 800.000 euros y dichos convenios datan del mandato de la popular Esperanza Oña .

Esta polémica comenzó con las alegaciones presentadas por el partido naranja a las cuentas generales de 2016, que provocaron que la Intervención emitiera un informe que revelaba que el Consistorio nunca cobró cientos de miles de euros que le correspondían por la firma de tres convenios urbanísticos que se remontan años atrás. Estos importes fueron liquidados, según el Gobierno local, mediante la ejecución de obras públicas, compensaciones que el interventor no pudo verificar en la mayoría de los casos y que supondrían que el Ayuntamiento adjudicó obras de forma directa a promotoras que tenían una deuda con las arcas municipales.

Las empresas con las que el Consistorio firmó los convenios compraron solares públicos por los que deberían haber pagado. Estos derechos de cobro, sin embargo, fueron liquidados mediante la ejecución de diferentes obras, según alega el arquitecto municipal. En Intervención, sin embargo, «no consta factura o certificación alguna» por la realización de estas obras, por lo que el habilitado nacional no ha podido verificar la equivalencia de los trabajos con el importe adeudado.

La denuncia del grupo Ciudadanos se refiere a tres convenios que datan del gobierno de Esperanza Oña

De esta manera, el interventor recordaba en su informe que, aunque las obras fueran llevadas a cabo antes de junio del año 2000, cuando entró en vigor la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya había una norma precedente que establecía el mismo límite máximo para los contratos menores de obras: cinco millones de pesetas, equivalentes a unos 30.000 euros. Como las obras por las que se compensaron las deudas tenían un valor mayor, Intervención concluye que los trabajos deberían haberse sacado a licitación pública mediante un procedimiento abierto.

Según sostiene el portavoz de Ciudadanos, Javier Toro, lo grave del asunto es que no se han cobrado los convenios, y que tampoco se acredita la supuesta compensación en obras al no existir, en palabras de Intervención, «ni expediente de contratación, ni certificaciones de obra, ni ningún documento que justifique las mismas», afirma el edil. «En todo caso se hubiera realizado de manera ilegal, ya que la ley obligaba a licitar un corcuso público, y dieron en el mejor de las opciones obras a dedo de manera ilegal y saltándose todos los controles legales», asegura.

Pese a esta apertura de diligencias de investigación, acreditadas en un documento al que este periódico ha tenido acceso, desde el Ayuntamiento señalan que no tienen conocimiento de que exista ninguna actuación de ningún órgano externo sobre este asunto. «No obstante, como siempre se hace cuando los servicios municipales hacen cualquier observación, la concejalía correspondiente ha venido recabando los datos que corroboran los informes recibidos de los técnicos municipales, confirmando que -como ya se comentó en su momento- los convenios indicados fueron satisfechos mediante la realización de obras públicas, por valor igual o mayor al de la contraprestación pactada, y que la observación realizada se corresponde con una simple cuestión de cancelación contable el saldo deudor de estos convenios, una vez cumplidas las obligaciones por los interesados», aseguran de manera literal a preguntas de SUR.

Enfado desde Ciudadanos

Así, afirman que a la fecha actual, y dado el número de años transcurridos, confirman que los servicios municipales ya han reunido la práctica totalidad de las justificaciones documentales del pago mediante obras, a falta de alguna aún pendiente de localizar y que se espera que esté disponible pronto para dar por concluida la comprobación, «sin perjuicio de que -como siempre- el Ayuntamiento de Fuengirola está a disposición de cualquier órgano competente en la materia para trasladarle la información que precise», sentencian.

Estas explicaciones no le valen al portavoz de Cs, que asegura que a gestión del PP en Fuengirola «se parece a una cebolla, cuantas más capas se levantan más ganan dan de llorar». Así, explica que por «salvaguardar» los intereses de los fuengiroleños tuvieron que informar al Tribunal de Cuentas. «Lo más importante es que se recupere ese dinero público para los fuengiroleños, que merecen todas las explicaciones y que estas cantidades vuelvan a la tesorería del Ayuntamiento», criticó.

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