Las tres comisiones de investigación de Torremolinos, paralizadas y sin efecto

El pleno ha aprobado esta legislatura hasta tres comisiones que aún no han concluido./SUR
El pleno ha aprobado esta legislatura hasta tres comisiones que aún no han concluido. / SUR

La falta de voluntad política reduce a papel mojado estas mesas, que en el caso de Parque Animal ni siquiera ha llegado a convocarse

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las tres comisiones de investigación puestas en marcha por el Ayuntamiento de Torremolinos permanecen estancadas desde hace meses. Hasta ahora, ninguna de estas mesas ha concluido ni ha tenido efecto alguno pese a que todas fueron aprobadas por el pleno hace más de un año. Estas comisiones están concebidas como un mecanismo de control sobre la gestión municipal, aunque sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni pueden afectar a las resoluciones judiciales. Pese a que en teoría tienen como objetivo la depuración de responsabilidades políticas, el revanchismo partidista suele convertirlas en un medio de confrontación sin resultados reales. En el caso de Torremolinos, la corporación ha aprobado esta legislatura tres comisiones para investigar el 'caso Parque Animal', el archivo de denuncias vecinales y la gestión del Palacio de Congresos, asuntos que forman parte de los episodios más oscuros del anterior Gobierno local del PP.

Hasta el cambio de mandato en 2015, cuando el socialista José Ortiz arrebató el bastón de mando a Pedro Fernández Montes, estas comisiones nunca habían sido aprobadas en Torremolinos pese a las peticiones de la oposición. La última de estas comisiones en recibir luz verde fue la encargada de investigar las cuentas del Palacio de Congresos, cuya sociedad mercantil tuvo que ser disuelta por las pérdidas acumuladas bajo gobierno del exalcalde Pedro Fernández Montes. Desde su constitución en abril del año pasado, su desarrollo supone toda una incógnita. Presidida por Ortiz, la mesa fue aprobada para detectar posibles irregularidades políticas y administrativas en la gestión del recinto. Aunque tenía un plazo de tres meses para elevar sus conclusiones, la comisión permanece paralizada.

El caso más llamativo afecta a Parque Animal, la falsa protectora donde fueron sacrificados de forma injustificada y agónica miles de perros y gatos hasta 2010. El escándalo ha sido objeto de dos procedimientos judiciales; uno por maltrato animal y falsedad documental, donde quedó demostrado que el Ejecutivo del PP no colaboró con la investigación policial según el Seprona, y otro actualmente abierto por presuntos delitos económicos por parte de la presidenta de la protectora y varios miembros de su familia. Esta comisión, aprobada por el pleno, ni siquiera ha sido convocada pese a las reiteradas peticiones de la Asociación de Afectados por Parque Animal, que acusan al concejal de Medio Ambiente, César Carrasco, y al resto del Gobierno socialista de «inmovilismo» y de haberles utilizado con fines electoralistas contra el PP hasta su acceso a la Alcaldía.

La comisión más avanzada analiza las denuncias vecinales por ruido en chiringuitos presentadas en el Ayuntamiento en la anterior legislatura y archivadas de forma sistemática, un caso que también permanece en los tribunales y por el que Fernández Montes tuvo que declarar como investigado. La mesa está presidida por la concejala de Ciudadanos Ángeles Vergara y ha celebrado varias sesiones, aunque la última se remonta a septiembre. La comisión topó con la negativa a declarar del exjefe de la Policía Local, por lo que aquella última reunión duró menos de cinco minutos.

Normativa

La Constitución, en su artículo 76, contempla la creación de comisiones de investigación en el Congreso y el Senado. También los parlamentos autonómicos recogen en sus reglamentos esta posibilidad. En el caso de los ayuntamientos, la falta de regulación expresa en la normativa sobre régimen local ha provocado una reinterpretación de la normativa parlamentaria para regular estas comisiones. En cualquier caso, la Constitución deja clara la separación de poderes y recoge que las conclusiones de las comisiones de investigación no serán vinculantes para los procedimientos judiciales, sin perjuicio de que sean trasladadas a la Fiscalía cuando existan indicios de delito. En otros países, como Francia, la ley es más restrictiva y declara incompatibles ambas investigaciones, la penal y la política, y garantiza la prevalencia de la instrucción judicial, por lo que las comisiones deben ponerse en marcha únicamente cuando no exista un procedimiento abierto en los tribunales.

La utilidad de estas comisiones depende en buena parte de la voluntad política para que dispongan de toda la documentación necesaria y del personal técnico que requieren, pero en Torremolinos hasta ahora únicamente han servido como arma arrojadiza partidista, sin que por el momento hayan esclarecido ninguno de los asuntos que abordan.

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