Una treintena de familias de Torremolinos denuncian ser víctimas de un «pelotazo urbanístico»

Los técnicos municipales revisarán el caso tras la solicitud de reparcelación de los vecinos./A. G.
Los técnicos municipales revisarán el caso tras la solicitud de reparcelación de los vecinos. / A. G.

Propietarios de terrenos en la Senda del Pilar piden una reparcelación de la zona, donde se proyectó un macroproyecto que nunca llegó a realizarse

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Los efectos del fallido macroproyecto urbanístico de la Senda del Pilar, en Torremolinos, siguen coleando. Cerca de una treintena de familias reclaman una nueva parcelación de este terreno, donde hace más de una década se proyectó la construcción de un campo de golf, un club social y un hotel como parte de un ambicioso plan del que nunca llegó a colocarse una sola piedra pero cuya promoción permitió revalorizar la zona. Las familias afectadas, propietarias de pequeñas parcelas que constituyen aproximadamente un 16 por ciento de la superficie total del sector, tuvieron que ceder más de la mitad de sus terrenos para la puesta en marcha del proyecto debido a un acuerdo de la junta de compensación, donde tres sociedades poseían más del 50 por ciento de la zona. Estos propietarios mayoritarios vendieron luego sus terrenos a entidades bancarias, atraídas por el anuncio de un plan de urbanización que nunca ha llegado a materializarse.

Ahora los vecinos minoritarios solicitan la reparcelación del terreno para recuperar sus propiedades y denuncian que están siendo «asfixiados» por facturas por obras y servicios que no se han realizado, una situación que se agrava por la pérdida de superficie y por el pago de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuyos importes consideran «desorbitados». Muchas de estas familias han constituido una asociación para denunciar la especulación urbanística de la que aseguran sentirse víctimas: «Son más de diez años de atropellos. Quieren que nos arruinemos para que tengamos que vender los terrenos. No nos oponemos a la edificación o a la urbanización del terreno, pero nos han coaccionado con tantas cargas económicas».

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El Ayuntamiento aprobó por unanimidad en su última sesión plenaria la reapertura de este caso urbanístico, que la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón (PSOE), califica como «un auténtico pelotazo» promovido por «una tramitación plagada de errores». Los técnicos municipales realizarán un informe con el objetivo de desbloquear la situación, paralizada desde hace años, y de investigar el presunto perjuicio económico, valorado en diez millones de euros, que el asunto podría haber tenido para las arcas municipales. Tocón acusa al anterior Gobierno local del PP de haber ignorado «las labores de control y fiscalización que le correspondían». La concejala de Urbanismo recuerda que los vecinos «se sienten engañados y estafados porque llevan años pagando unas cargas económicas que son fruto de una especulación urbanística salvaje que recuerda a casos tan cercanos y vergonzosos como Malaya o la Operación Troya».

La portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, que registró y presentó la moción para que el caso fuera revisado de oficio, acusa al anterior equipo de Gobierno presidido por Pedro Fernández Montes de dejación de funciones y coincide en afirmar que el Ayuntamiento «se puso de perfil ante la tramitación de las alegaciones de los afectados, provocando una situación de indefensión». El líder de Costa del Sol Sí Puede, José Piña, sostiene que la revisión «hace justicia con el suelo público y con la dignidad de los propietarios minoritarios». Piña denuncia también que un entramado societario «compró por la mañana al Ayuntamiento el metro cuadrado por 653 euros y lo vendió por la tarde a una gran empresa por 1.600 euros, un pelotazo con el que se pensó más en los amigotes que en los vecinos».

Sentencia del TSJA

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el año pasado el decreto de Alcaldía con que Fernández Montes aprobó el mencionado proyecto de urbanización en 2005. En su fallo, al que este periódico ha tenido acceso, la Sala anula y deja sin efecto la resolución del exregidor y destaca que Alcaldía no tenía competencias para aprobar el proyecto.

La moción presentada por Ciudadanos generó un nuevo cruce de acusaciones plenario entre los dos partidos más representados de la corporación. Tocón definió el caso como «un entramado basado en comprar y vender suelo con expectativas urbanísticas irreales para obtener plusvalías millonarias» y acusó a su antecesora en la Concejalía de Urbanismo, Patricia Ojeda (PP), de ser «cómplice necesaria de este menoscabo en la dignidad de los vecinos». Ojeda aseguró que dará parte «de las acusaciones» de la portavoz socialista, a quien reprochó «falta de acción durante estos dos años y medio». Ojeda aseguró haber recibido a los vecinos afectados durante su etapa al frente de Urbanismo, una afirmación que provocó una sonora reacción entre varios de los propietarios asistentes al pleno, que desmintieron haber sido atendidos por la edil.

Con la aprobación por unanimidad de la revisión del caso, los vecinos afectados, mayoritarios en número pero minoritarios en suelo, dan el primer paso para conseguir la solicitada reparcelación del sector, una reivindicación que llevan años realizando al Ayuntamiento.

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