Trabajadores denuncian despidos improcedentes en el Hotel Royal Al-Andalus de Torremolinos

El hotel arrastra varias sentencias judiciales en contra por despidos improcedentes. / Alberto Gómez

El establecimiento, vinculado a Antonio Mata, acumula decenas de condenas por vulnerar derechos sindicales y laborales

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Hotel Royal Al-Andalus de Torremolinos acumula decenas de despidos improcedentes en los últimos años. El establecimiento, recientemente sancionado por el Gobierno central con una multa de más de 702.000 euros por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de sus más de setenta trabajadores entre 2012 y 2015, arrastra una larga lista de sentencias judiciales en su contra por despidos improcedentes, vulneración de libertad sindical y del derecho a la igualdad, reducciones arbitrarias de jornada y expedientes de regulación temporal de empleo sin justificación, entre otras causas. Varias de estas condenas, a las que este periódico ha tenido acceso, destacan «la confusión de plantilla y de caja» del grupo empresarial de Royal Al-Andalus, vinculado a Antonio Mata Ramayo, condenado a dos años y dos meses de prisión por un delito contra Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas.

El grupo empresarial tiene dos establecimientos en Torremolinos: Royal Al-Andalus y Royal Costa. Ambos hoteles adeudan más de 2,2 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde 2009, un procedimiento que se encuentra en estado de ejecución por parte del Patronato de Recaudación Provincial, que tiene delegados la gestión y el cobro de los impuestos municipales en la localidad costera. El grupo empresarial está formado por varias sociedades entre las que figuran ambos hoteles y otras como Segetur, en las que Mata ocupa o ha ocupado cargos de administrador único o consejero delegado. Resulta habitual que, en las sentencias, los juzgados declaren que las empresas denunciadas se encuentran en «paradero ignorado».

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga declaró nulo el expediente de regulación temporal de empleo iniciado por Royal Al-Andalus en 2013. La sentencia revela que la empresa no acreditó «causas económicas, organizativas o de producción que justificaran» la medida y obligó al hotel a readmitir a veinticuatro trabajadores indefinidos, diecinueve de ellos a jornada completa, y a indemnizarlos con 25.000 euros por vulnerar «la libertad sindical y el derecho a la igualdad». Este mismo juzgado consideró probado que existen más de una decena de sociedades que forman «un grupo de empresas con confusión patrimonial entre ellas y una misma titularidad y dirección». En otra sentencia, el Juzgado de lo Social número 3 declara injustificada la reducción de jornada y el posterior despido del jefe de Bares, obligando a la empresa a readmitir al empleado y a abonar los salarios dejados de percibir.

Otro auto confirma que hay «pagos de facturas de unas empresas a otras». Este periódico ha tenido acceso a facturas del Hotel Royal Al-Andalus presentadas bajo los datos fiscales de otras empresas, una maraña societaria que no ha impedido que diversos jueces, en los últimos años, haya anulado decenas de despidos alegando que el grupo no ha acreditado falta de liquidez ni una situación económica desfavorable que justificara estas decisiones. La sanción por el impago a la Seguridad Social ha terminado de colmar el vaso de la paciencia de la Unión General de Trabajadores (UGT): «Lo veíamos venir. Empresas que no respetan derechos laborales hay muchas, pero casos así muy pocos, por no decir que solo éste».

Varios juzgados coinciden en que los despidos y las modificaciones laborales no están justificados

El abogado de la empresa asegura desconocer las deudas contraídas con el Ayuntamiento y alega que la dirección está «negociando» el pago de las cantidades debidas a la Seguridad Social, una situación que achaca «a la crisis». En 2010, cuando varios asuntos judiciales ya hacían prever su ingreso en prisión, Mata nombró a su hijo adjunto a la presidencia, como consta en una notificación interna de Royal Premier. Cinco años después, Royal Al-Andalus se descolgó del convenio colectivo de hostelería de Málaga en materia de vacaciones, turnos de trabajo, descansos, salarios y calendario laboral «para adecuarnos a la realidad productiva». Fuentes cercanas al comité de empresa tachan las condiciones laborales de ambos hoteles de «vergonzosas».

Mata Ramayo ingresó en prisión después de que la Audiencia Nacional considerase probado que él y el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, defraudaron 99 millones de euros utilizando fondos públicos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) durante la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001.

Preguntado sobre la sanción a Royal Al-Andalus, el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, instó a las empresas del sector turístico «a trasladar a los trabajadores los beneficios» obtenidos durante estos últimos años de récord en cuanto a número de visitantes y pernoctaciones.

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