Torremolinos trasladará a la Fiscalía las ayudas de la campaña electoral de 2015

Las ayudas fueron concedidas en abril y mayo de 2015 por el anterior Gobierno municipal. :: a. g.

Un informe jurídico anula y califica «de arbitrarias» las subvenciones de casi 400.000 euros otorgadas a la mejora de fachadas en comunidades de vecinos

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Un informe jurídico interno ha declarado nulas de pleno derecho las subvenciones concedidas por el anterior alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, a varias comunidades de propietarios para el arreglo de fachadas. Estas ayudas, cuya cuantía ascendió a cerca de 400.000 euros, fueron otorgadas durante la campaña electoral de 2015 «sin ningún procedimiento, convocatoria pública ni publicidad», según el análisis de las áreas de Secretaría e Intervención. El documento califica las subvenciones de «manifiestamente arbitrarias» y advierte de la existencia de «un fraccionamiento en el contrato» de las obras. El Ayuntamiento anunció ayer que trasladará el asunto a la Fiscalía por la presunta comisión de varios delitos.

Las ayudas, tachadas de «electoralistas», fueron otorgadas por la junta de gobierno local, por entonces formada por el PP, que tenía mayoría absoluta. La adjudicación de las obras ignoró, siempre según el mencionado informe, el procedimiento contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público. «Hay que tener en cuenta que los casi 400.000 euros utilizados es dinero de todos los contribuyentes, pero no hubo convocatoria ni publicidad, por lo que se produjo una clara discriminación entre las comunidades de propietarios» de Torremolinos, explica el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Pedro Pérez (PSOE). El Ayuntamiento ejecutó obras de mejora en diez comunidades entre abril y mayo de 2015, en plena campaña electoral de los comicios municipales, pese a que algunas solicitudes se remontaban a 2009. Aquellas elecciones supusieron la pérdida de la mayoría absoluta del PP por primera vez en dos décadas.

Fuentes municipales apuntan a que esta actuación podría suponer la comisión de posibles delitos de prevaricación y malversación, razón por la que el nuevo Gobierno municipal, presidido por José Ortiz (PSOE), paralizó el procedimiento «mientras consultaba» la situación a los servicios jurídicos del Consistorio. El informe señala que el único requisito que se exigía en los acuerdos de la junta de gobierno local era que la «mayoría de personas fueran de bajo poder adquisitivo y pertenecientes a la tercera edad que no pueden hacer frente a los gastos», pero no consta en el expediente que estos criterios fuesen verificados para la concesión de la subvención, ni tras la ejecución de las obras. «Nos encontramos con nuevas ayudas irregulares que Pedro Fernández Montes otorgaba a dedo, y en este caso utilizando el dinero público para su campaña electoral», sostiene Pérez.

Desviar la atención

Desde el PP alegan que la publicación de este informe responde a un intento del PSOE de desviar la atención por la crispación generada por el aumento en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los socialistas, sin embargo, aseguran que los acuerdos relativos a las subvenciones a comunidades de propietarios vulneran varias leyes, por lo que las obras pendientes, consideradas nulas de pleno derecho, no podrán llevarse a cabo. Esta nulidad, en caso de declararse firme, llevará consigo una indemnización en concepto de daños y perjuicios de las que será responsable «la parte que resulte culpable».

Las ayudas se concedieron «desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso», según el informe, que incide en la falta de procedimiento y en la ausencia de informes técnicos. El Ayuntamiento asegura «estar trabajando para sacar adelante una convocatoria pública para este tipo de ayudas de acondicionamiento de la vivienda que podrán solicitar individualmente todos aquellos vecinos que reúnan los requisitos» que serán establecidos en el pliego. La Delegación de Servicios Sociales está enviando cartas a los afectados para informar de esta situación y convocar a los vecinos a un encuentro para aclarar cualquier duda e informar de las futuras subvenciones.

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