Torremolinos reconoce por primera vez en su presupuesto la deuda con Málaga

Ortiz y De la Torre, en una imagen de archivo durante una reunión oficial en el Ayuntamiento de Málaga. / Alberto Gómez

Los intereses dispararán el débito originado por los servicios prestados en la segregación hasta los 25 millones, de los que ya se han saldado dos

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Casi tres décadas después, el Ayuntamiento de Torremolinos por fin reconoce en sus cuentas generales la deuda que mantiene con Málaga capital, que actualmente asciende a más de 17 millones de euros por los servicios prestados durante la fase de segregación. Tras una larga batalla judicial, los dos consistorios establecieron un calendario de pago que comenzó a ejecutarse en abril de 2015, pero hasta ahora Torremolinos no contemplaba en sus presupuestos esta deuda millonaria. Su inclusión en la contabilidad municipal y el compromiso de renunciar a cualquier acción encaminada a reabrir el procedimiento por vía administrativa o judicial ponen fin a uno de los capítulos más polémicos del historial de conflictos entre municipios de la provincia.

Torremolinos no terminará de pagar la deuda hasta 2040. Inicialmente, la cantidad que la antigua barriada debía abonar a la capital en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero entre 1988 y 1990 ascendía a 9,8 millones de euros, una cantidad que se ha disparado hasta los 17,2 millones por los intereses legales devengados desde 1992, cuando el conflicto llegó hasta los tribunales. Según el cuadro de amortizaciones, al que este periódico ha tenido acceso, el débito ascenderá en total a más de 25 millones de euros, ya que a las mensualidades hay que sumar los intereses calculados al tipo correspondiente a cada ejercicio.

Una medalla y una visita escenificaron el final del litigio

El 4 de septiembre de 2015, José Ortiz se convirtió en el primer alcalde de Torremolinos que visitaba de forma oficial el Ayuntamiento de Málaga para abordar la deuda entre ambas ciudades, una polémica arrastrada desde la segregación de la antigua barriada. Durante una reunión con su homólogo en la capital, Francisco de la Torre, Ortiz se comprometió a retirar el último recurso interpuesto contra la resolución de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que había desestimado la petición de arbitraje solicitada en 2014. La concesión de la Medalla de la Ciudad de Torremolinos al Ayuntamiento de Málaga, también en septiembre de 2015, escenificó el fin de un conflicto administrativo y judicial que se prolongaba desde hacía casi tres décadas. De la Torre acudió a recoger la distinción al Consistorio torremolinense.

Pese a que la sentencia del TSJA fue dictada en 2007, Torremolinos nunca había reconocido la deuda en sus presupuestos hasta ahora, algo que el PP local achacaba a la falta de un plan de pagos que no se acordó hasta marzo de 2015. En un informe, el propio interventor municipal asegura que «debió realizarse una provisión» presupuestaria con independencia de la existencia de un compromiso de pago y recuerda que, ya en 2012, tanto Ortiz, por entonces portavoz del PSOE, como la entonces líder de IU, Begoña Romero, advirtieron de que la deuda no aparecía en los balances de situación ni en la contabilidad, una circunstancia que debería haber sido corregida, según el habilitado nacional.

Por el momento, Torremolinos ha pagado poco más de dos millones de euros. Entre abril y septiembre de 2015, el Ayuntamiento abonó a Málaga capital cerca de 640.000 euros (la cuota mensual de 57.621 euros más intereses). Tras el cambio de gobierno se produjeron nuevas negociaciones y, en septiembre de aquel año, ambos plenos aprobaron de forma simultánea una moción que recogía un acuerdo de reestructuración del calendario de pago a petición de Torremolinos. El nuevo Ejecutivo local presidido por José Ortiz (PSOE) había calculado que el Ayuntamiento arrastraba una deuda cercana a los 200 millones de euros, una cifra confirmada meses después por el interventor, que en concreto reveló que el municipio costero debía 197 millones a entidades bancarias, otras administraciones, proveedores y particulares.

El pleno malagueño apeló a la «solidaridad» con su municipio «hermano» para disminuir las mensualidades e ir incrementándolas de forma progresiva. Torremolinos abonó el año pasado los intereses y el 25 por ciento de la cuota mensual (unos 756.000 euros). En este ejercicio está pagando los intereses y el 50 por ciento de la cuota, un total equivalente a cerca de 924.000 euros distribuidos en mensualidades de unos 77.000 euros. Los pagos mensuales aumentarán en 2018 hasta oscilar entre los 89.000 y los 108.000 euros.

La deuda fue originada y trasladada por primera vez a los tribunales bajo mandato del exalcalde socialista Miguel Escalona, que mantuvo la vara de mando hasta 1995. Su sucesor, Pedro Fernández Montes (PP), mantuvo el litigio e interpuso varios recursos, convencido de que las sentencias que daban la razón al Ayuntamiento de Málaga eran «injustas» y de que era la capital la que debía pagar a Torremolinos por los ingresos aportados a sus arcas y por el coste del agua suministrada de sus pozos, algo rechazado por su homólogo malagueño, Francisco de la Torre, y rebatido por los servicios jurídicos del Consistorio malagueño.

«Actitud prudente»

El asunto comenzó a recrudecerse en 2007, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó en firme al Ayuntamiento de Torremolinos a satisfacer la citada deuda. Tras varios requerimientos, Málaga remitió a Torremolinos en 2012 una carta en la que le instaba a «buscar los mecanismos presupuestarios oportunos» para presentar un plan de pagos en un plazo máximo de 30 días. «Hemos dado pruebas más que evidentes de una actitud prudente y comprensiva con este derecho irrenunciable», detallaba la notificación enviada por la Concejalía de Economía de la capital.

Al cumplirse el ultimátum sin haber obtenido respuesta, Málaga solicitó al TSJA la ejecución de la sentencia. Como respuesta, el Ayuntamiento de Torremolinos presentó un recurso extraordinario de revisión para partir de cero y reclamar a la capital el dinero que, en su opinión, le adeudaba, una petición desestimada por el tribunal. El primer edil de la capital, Francisco de la Torre, intervino entonces para exigir públicamente a Fernández Montes que mostrara «voluntad de pago» y dejara «de mirar hacia otro lado». La situación, inaudita entre dos alcaldes del mismo partido, provocó que el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, instara en 2014 a ambos regidores «a entenderse cuanto antes».

En marzo de 2015, después de recurrir al entonces consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para iniciar un procedimiento administrativo de arbitraje, Fernández Montes anunció un calendario de pagos. Tras su llegada a la Alcaldía, Ortiz renegoció las condiciones, aunque mantuvo los plazos de pago, que no concluirán hasta dentro de 23 años.

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