Torremolinos permitirá sustituir las licencias de obra menor por declaraciones responsables

El pleno aprobó ayer la ordenanza de declaraciones responsables. / SUR
El pleno aprobó ayer la ordenanza de declaraciones responsables. / SUR

El pleno aprueba una ordenanza para agilizar trámites urbanísticos y da luz verde para investigar cientos pagos realizados a un único abogado

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Torremolinos aprobó ayer la puesta en marcha de un procedimiento de declaración responsable para la ejecución de obras menores. Este trámite sustituye a la licencia menor con el objetivo de que las obras pequeñas puedan realizarse al quinto día hábil desde la presentación de la solicitud. El pleno dio así luz verde a la ordenanza número 79, que establece un régimen especial para establecimientos hoteleros u otros negocios que realicen labores de mantenimiento de sus instalaciones de forma permanente. Estos negocios podrán suscribir un convenio anual para evitar las repetidas declaraciones responsables. Las obras menores comprenden actuaciones que tienen escasa entidad técnica, como la apertura de huecos para puertas o ventanas que no alteren sustancialmente las fachadas, la sustitución de zócalos o cualquier otro trabajo que no suponga un impacto urbanístico notable.

Se trata de la segunda propuesta de este tipo planteada por el equipo de Gobierno, que mediante estas iniciativas asegura pretender «modernizar la administración local y facilitar los trámites administrativos», explica la portavoz del PSOE y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón. Desde el Ayuntamiento recuerdan la puesta en marcha de la ordenanza número 69, con la que también se sustituyó la licencia de actividad por una declaración responsable «de la que podemos hacer un balance más que positivo al haber incrementado la actividad económica en nuestro municipio de forma exponencial».

Irregularidades

El pleno también dio luz verde para investigar el pago por parte del Ayuntamiento de más de 1,3 millones de euros a un único abogado en concepto de servicios jurídicos externos desde 1995, cuando entró a gobernar el PP con mayoría absoluta. El Consistorio iniciará «los trámites necesarios» para aclarar los hechos después de que un informe del interventor municipal revelara que muchos de estos pagos constituyen una «irregularidad grave» debido a que la única documentación existente para justificarlos «es la petición del abogado con el visto bueno del anterior alcalde, Pedro Fernández Montes, una orden de pago y el recibí del interesado». Los pagos se realizaban mediante cheques y desde el Ayuntamiento han detectado que aún quedan importes pendientes de abonar desde 2001.

La sesión también aprobó una moción de Ciudadanos para solicitar al órgano competente la incoación del expediente de revisión de oficio del proyecto de reparcelación del sector conocido como Campo de Golf, además de elevar el informe jurídico realizado por el Ayuntamiento al Consejo Consultivo de Andalucía. La medida trata de aplacar los efectos del fallido macroproyecto urbanístico de la Senda del Pilar, donde cerca de una treintena de familias reclaman una nueva parcelación de este terreno después de que hace más de una década se proyectara la construcción de un campo de golf, un club social y un hotel como parte de un ambicioso plan del que nunca llegó a colocarse una sola piedra pero cuya promoción permitió revalorizar la zona. Las familias afectadas, propietarias de pequeñas parcelas que constituyen un 16 por ciento de la superficie total del sector, tuvieron que ceder más de la mitad de sus terrenos para la puesta en marcha del proyecto.

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