Torremolinos llega al segundo trimestre del año sin presupuestos ni borrador

José Ortiz y parte de la bancada socialista, durante un pleno. /SUR
José Ortiz y parte de la bancada socialista, durante un pleno. / SUR

El PSOE se ve obligado a prorrogar las cuentas del año pasado hasta alcanzar un acuerdo, una situación que bloquea nuevas inversiones municipales

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Torremolinos vuelve al atolladero económico del que pareció salir el verano pasado, cuando el pleno aprobó los primeros y hasta ahora únicos presupuestos de la legislatura. El PSOE, que gobierna en minoría, ni siquiera ha presentado aún a la oposición el borrador de las cuentas del Ayuntamiento y sus sociedades municipales, una situación que podría bloquear nuevas inversiones y que deja en el aire varias cuestiones. La más importante es saber qué ocurrirá con las empresas públicas Sociedad Anónima Municipal de Servicios (Samset) y Aseo y Limpieza Municipales (Aselimsa), que el año pasado agotaron sus presupuestos meses antes de que acabara el ejercicio, escenario que requirió una modificación urgente de crédito para pagar los salarios de sus trabajadores.

Desde el Gobierno que preside José Ortiz alegan que el borrador de los presupuestos se presentará «una vez que se haya encajado el mayor plan de empleo municipal puesto en marcha en Torremolinos», con una partida de entre 300.000 y 500.000 euros. Las cuentas aprobadas el año pasado, sin embargo, recogían un plan de empleo con una partida superior (700.000 euros), fruto del acuerdo alcanzado con Costa del Sol Sí Puede (CSSP) para garantizar su apoyo al presupuesto. Incumpliendo su propia hoja de ruta, la mayor parte de esta partida (500.000 euros) no sirvió para financiar el plan de empleo, sino para hacer frente a la rehabilitación de la Casa de María Barrabino, un histórico inmueble que quedará integrado en el proyecto de peatonalización del centro, cuyas obras comenzaron en enero.

El portavoz de CSSP, José Piña, se muestra «decepcionado por el incumplimiento del 60 por ciento del acuerdo presupuestario» rubricado por el PSOE, al que acusa de no materializar «ni los compromisos que adquiere por escrito». El partido instrumental de Podemos, cuyo respaldo resultó decisivo para que los socialistas sacaran adelante las primeras cuentas municipales de la legislatura tras más de dos años de bloqueo económico, adelanta que «la receptividad» para un posible nuevo acuerdo «no es la misma». En caso de no encontrar apoyos suficientes, el equipo liderado por Ortiz deberá gobernar con el presupuesto del año pasado prorrogado. Piña señala las áreas de Recursos Humanos y Participación Ciudadana como «las más flojas» del Ejecutivo socialista: «No todos los concejales van al mismo ritmo, pero pagan justos por pecadores».

Modificaciones

La prórroga presupuestaria obligará a los socialistas a aprobar nuevas modificaciones. La más sorprendente tuvo lugar en noviembre, cuando la concejala de Economía y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, anunció que se destinarían varias partidas, «que no iban a utilizarse», al pago de salarios. En concreto, el Ayuntamiento desvió más de 400.000 euros de una consignación del Palacio de Congresos que aparecía duplicada «por un error» en las cuentas municipales, 90.000 euros de la integración en el consorcio de transportes, 300.000 euros de la remodelación del centro urbano y 1,2 millones de euros procedentes de las subvenciones al IBI.

La previsible negativa del PP y las reticencias de CSSP convierten a Ciudadanos en la última posibilidad a la que el PSOE podría aferrarse para sacar adelante el presupuesto de este año, aunque sus relaciones con la formación naranja, más cercana a la portavoz popular Margarita del Cid, se han deteriorado en los últimos meses. En caso de que el PP votara en contra de las cuentas anuales, a Ortiz no le valdría únicamente el apoyo de Ciudadanos o de CSSP; necesitaría al menos la abstención del otro grupo y el apoyo del concejal de Izquierda Unida o del edil no adscrito. Los socialistas alegan que el último presupuesto incluía una reducción de casi el 25 por ciento del IBI y la reestructuración de la deuda.

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