Torremolinos impide el desahucio de una familia con dos hijos menores

Yolanda y el concejal de Bienestar Social, Pedro Pérez, ayer frente a la vivienda. :: a. g./
Yolanda y el concejal de Bienestar Social, Pedro Pérez, ayer frente a la vivienda. :: a. g.

El Ayuntamiento constata riesgo de exclusión social y se compromete a pagar durante un año el 40% del alquiler del piso, propiedad de un banco

ALBERTO GÓMEZ

La familia con dos menores que se enfrentaba ayer a la ejecución de una orden de desahucio por impago del alquiler de su vivienda en Torremolinos consiguió aplazar el procedimiento hasta el 6 de noviembre. La presión social y el apoyo del Ayuntamiento resultaron fundamentales para postergar el lanzamiento, que da margen para poner en marcha diversas alternativas. El concejal de Bienestar Social, Pedro Pérez (PSOE), se personó junto a los ediles de Costa del Sol Sí Puede después de intentar contactar sin éxito «en multitud de ocasiones» con el Banco Popular, entidad propietaria de la vivienda, para ofrecer un calendario de pago. El Consistorio dispone de una partida anual de 200.000 euros para ayudas al alquiler y plantea la posibilidad de abonar el 40 por ciento de la cuota durante un año (una ayuda total de 1.200 euros), una vez constatado por parte de los técnicos municipales que la familia se encuentra en riesgo de exclusión social.

La historia se remonta dos décadas atrás, cuando la pareja formada por Yolanda y Juanma adquirió un piso en el barrio de El Calvario. Tras pagar la hipoteca durante varios años, Juanma se quedó sin trabajo en plena crisis, con la pensión de prejubilación por depresión de 680 euros que recibe Yolanda como único ingreso de la unidad familiar. El banco inició entonces una ejecución hipotecaria, consistente en la venta de la vivienda por incumplimiento de los propietarios. El piso salió a subasta pero no encontró comprador y el inmueble pasó a ser patrimonio de la entidad bancaria, que a su vez firmó con la familia un contrato de alquiler regular.

«Grave riesgo»

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torremolinos declaró firme la orden de desahucio en febrero de este año por cinco impagos de la cuota de alquiler. Juanma y Yolanda solicitaron un aplazamiento hasta que sus dos hijos, de nueve y diecisiete años, terminasen el curso, pero el Juzgado se negó y autorizó a la comisión judicial para que, en el caso de que fuera requerido, se cambiara la cerradura de la vivienda y se adoptaran «las medidas necesarias, recabando incluso el auxilio de la fuerza pública», según consta en una diligencia a la que tuvo acceso SUR.

Un informe del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, cuyos técnicos confirmaron «el grave riesgo de exclusión social» de la familia, sirvió para que el Juzgado emitiese un nuevo dictamen accediendo a la solicitud de la defensa y concediendo una prórroga de un mes que finalizó el 29 de mayo. Juanma, que ha sufrido tres ictus, explica que tienen unos gastos fijos superiores a los 300 euros por el pago de la rehipoteca de sus suegros, cuya vivienda sirvió como aval para saldar una primera deuda bancaria, un importe «con el que intentábamos salvar la casa, pero fue imposible».

La familia lamenta «haber tirado miles de euros a la basura» para pagar parte de la hipoteca de una vivienda que es propiedad de una entidad bancaria. Con la ayuda planteada por el Ayuntamiento, la familia podría ponerse al día en el pago del alquiler, pero desde el banco aún no han aceptado esta posibilidad, según el concejal de Bienestar Social: «Es factible encontrar en este caso una solución que dé cumplimiento al contrato en vigor y permita permanecer en la vivienda a la familia, pero lamentablemente tanto desde el propio banco como de los gabinetes de abogados a los que nos han derivado sólo hemos encontrado el rechazo frontal a sentarse a hablar del tema». Este periódico intentó obtener sin éxito la versión de la entidad bancaria.

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