Torremolinos eleva a la Junta de Andalucía la situación en la Senda del Pilar

Propietarios de terrenos en la Senda del Pilar piden una reparcelación de la zona. /A. G.
Propietarios de terrenos en la Senda del Pilar piden una reparcelación de la zona. / A. G.

El Consejo Consultivo analizará la posible reparcelación de la zona tras las quejas de decenas de familias, víctimas de un «pelotazo urbanístico»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torremolinos ha elevado al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía la situación de una treintena de familias que reclaman una nueva parcelación de la Senda del Pilar, donde aún colean los efectos de un fallido macroproyecto urbanístico. El caso se remonta más de una década atrás, cuando se proyectó la construcción de un campo de golf, un club social y un hotel como parte de un ambicioso plan del que nunca llegó a colocarse una sola piedra pero cuya promoción permitió revalorizar la zona. Las familias afectadas, propietarias de pequeñas parcelas que constituyen aproximadamente un 16 por ciento de la superficie total del sector, tuvieron que ceder más de la mitad de sus terrenos para la puesta en marcha del proyecto debido a un acuerdo de la junta de compensación, donde tres sociedades poseían más del 50 por ciento de la zona. Estos propietarios mayoritarios vendieron luego sus terrenos a entidades bancarias, atraídas por el anuncio de un plan de urbanización que nunca ha llegado a materializarse.

Los vecinos minoritarios solicitan desde hace años la reparcelación del terreno para recuperar sus propiedades y denuncian que están siendo «asfixiados» por facturas por obras y servicios que no se han realizado, una situación que se agrava por la pérdida de superficie y por el pago de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuyos importes consideran «desorbitados». Muchas de estas familias han constituido una asociación para denunciar la especulación urbanística de la que aseguran sentirse víctimas: «Son más de diez años de atropellos. Quieren que nos arruinemos para que tengamos que vender los terrenos. No nos oponemos a la edificación o a la urbanización del terreno, pero nos han coaccionado con tantas cargas económicas».

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el pleno de octubre la reapertura de este caso urbanístico, que la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón (PSOE), califica como «un auténtico pelotazo» promovido por «una tramitación plagada de errores». Los técnicos municipales han realizado un informe con el objetivo de desbloquear la situación, paralizada desde hace años, y de investigar el presunto perjuicio económico, valorado en diez millones de euros, que el asunto podría haber tenido para las arcas municipales. La concejala de Urbanismo recuerda que los vecinos «se sienten engañados y estafados porque llevan años pagando unas cargas económicas que son fruto de una especulación urbanística salvaje que recuerda a casos tan cercanos y vergonzosos como Malaya o la Operación Troya».

En el último pleno, que tuvo lugar a finales de enero, la concejala de Ciudadanos Ángeles Vergara, que lleva denunciando el caso desde el año pasado, solicitó al alcalde, José Ortiz, que firmara el decreto para que la Junta revisara la parcelación. El expediente fue formalizado el 19 de enero, según detallan desde el PSOE. «Estos vecinos han visto sorprendida su tranquilidad con cuestiones urbanísticas posteriores a la construcción de sus viviendas, que ni les van ni les vienen pero que implican cargas económicas por servicios que ni necesitan ni han solicitado», lamenta Vergara. Por su parte, Tocón incide «en la celeridad» del Ayuntamiento a la hora de elaborar el expediente, realizado «en tan solo dos meses, mientras que el anterior equipo de Gobierno fue incapaz de hacerlo en diez años». Ahora será el Consejo Consultivo el que se pronuncie sobre este polémico caso.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos