Torremolinos, condenado a pagar 30.000 euros por humillaciones a una funcionaria

Fernández Montes, en una imagen de archivo. /SUR
Fernández Montes, en una imagen de archivo. / SUR

Una sentencia recoge «los agravios y abusos» recibidos por la secretaria municipal, apartada por Fernández Montes tras poner reparos a su gestión

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de Torremolinos al pago de 29.805 euros, más costas, por «las humillaciones» ejercidas por el anterior Gobierno local contra la exsecretaria municipal, María Auxiliadora Gómez. Los hechos se remontan a 2009, cuando la funcionaria mantuvo una discusión con el entonces alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por discrepancias en torno a un procedimiento municipal. Gómez había mostrado su desacuerdo con la composición del tribunal calificador para la designación de las plazas de vigilante de playa y con la venta a una empresa privada del 95 por ciento de las acciones de la sociedad pública que gestionaba el agua. El exregidor le abrió un expediente por supuesta desconsideración hacia un superior (el propio alcalde) y hacia un subordinado.

La funcionaria fue apartada de sus funciones de forma cautelar durante la resolución del expediente, instruido por la concejala Margarita del Cid. La suspensión pasó a ser definitiva en enero de 2010 al ratificarse por el pleno con el único voto a favor del PP, por entonces con mayoría absoluta, y la negativa del PSOE e Izquierda Unida. Meses después, un juez declaró no conforme a derecho, nulo y sin efecto el acuerdo plenario. Otro magistrado considera ahora que aquel expediente fue abierto «para evitar la actuación objetiva de la funcionaria» en relación con la venta de activos de la empresa pública de aguas. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge que el procedimiento estuvo plagado de «agravios, humillaciones y actos atentatorios contra la dignidad personal y profesional» de la entonces secretaria municipal.

Estos hechos, sostiene la condena, produjeron «consecuencias en la salud psicológica y psiquiátrica» de la demandante, «así como en su honorabilidad y buen hacer profesional». El juez considera que el expediente, que resume como «un conjunto de abusos», supone «una evidente extralimitación de la encomienda del servicio público» y se muestra muy sorprendido por la actuación de Fernández Montes y su equipo de gobierno: «Causa sonrojo a este juez el palmario interés del alcalde en sacar a la entonces secretaria general de sus funciones a la vista de la operación de venta de activos de la empresa municipal de aguas».

En cuanto a la indemnización, el juez se basa en la documental médica aportada por la denunciante, donde queda probado que estuvo de baja por incapacidad 202 días. A este hecho corresponden 10.839 euros de la sanción impuesta al Ayuntamiento. La cantidad restante obedece, según la sentencia, «a los desmanes causados a instancia de Pedro Fernández Montes». El juez justifica esta cantidad en la necesidad de «paliar el evidente menoscabo público de la imagen de la funcionaria, que acarreó incluso un cambio de destino». La empleada pública trabaja ahora en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, gobernado por Joaquín Villanova (PP), sin problema de ningún tipo.

Indemnización

La indemnización no ha tenido lugar hasta ahora porque el Ayuntamiento recurrió la sentencia que declaraba nulo de derecho el expediente abierto contra la funcionaria, prolongando el procedimiento judicial hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó íntegramente el fallo. El juez también critica este punto al afirmar que el Consistorio alargó innecesariamente la medida disciplinaria, que no quedó totalmente anulada hasta el pronunciamiento del TSJA. El recurso fue presentado por el Ayuntamiento, según explica el juez, «a pesar de la evidencia de lo razonado» en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 «y por la prepotencia del regidor».

El juez defiende que «el acoso sufrido por la funcionaria tras su actuación profesional implica la necesidad de una defensa objetiva y ajena para afrontar el ataque que estaba sufriendo a manos del regidor y los concejales que lo apoyaron en el pleno». La condena recae sobre el Ayuntamiento por su responsabilidad patrimonial, ya que los hechos son imputables a la Administración, según recoge la sentencia por la jurisprudencia sentada por una condena del TSJA en 2007.

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