Torremolinos anula ayudas de mejora en 21 edificios de vecinos por ser «ilegales»

Torremolinos anula ayudas de mejora en 21 edificios de vecinos por ser «ilegales»

El Ayuntamiento lanzará una convocatoria para la rehabilitación de viviendas tras tumbar las obras adjudicadas en la última campaña electoral

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torremolinos ha anulado obras de mejora en 21 comunidades de vecinos después de que un informe jurídico municipal las considerase «ilegales». El Consistorio incumple así el compromiso adquirido en la campaña electoral de 2015, cuando el PP, por entonces con mayoría absoluta, concedió ayudas por valor de 372.600 euros «sin ningún procedimiento, convocatoria pública ni publicidad», según revelan ahora las Áreas de Intervención y Secretaría. Estas subvenciones iban destinadas a la rehabilitación de 31 edificios con 658 viviendas donde residen más de 1.500 vecinos empadronados, 261 de ellos mayores de 65 años. El PSOE, que gobierna en minoría, se reunirá esta semana con los vecinos de estas comunidades para anunciarles la anulación de las ayudas otorgadas en 2015 sin los informes preceptivos. Para contrarrestar esta medida, el Consistorio lanzará en las próximas semanas una convocatoria pública de subvenciones dirigida al mantenimiento, la reparación y el acondicionamiento de viviendas.

El informe jurídico califica las subvenciones de «manifiestamente arbitrarias» y advierte de la existencia de «un fraccionamiento en el contrato» de las obras, una información trasladada a la Fiscalía por el Ayuntamiento. Los socialistas tachan las ayudas de «electoralistas» por la programación de las visitas del exalcalde, Pedro Fernández Montes, a las comunidades de vecinos beneficiadas durante las semanas previas a los comicios municipales, tras los que el PP perdió la mayoría absoluta por primera vez en dos décadas. La exconcejala de Bienestar Social, Inmaculada Rosales, alega que las subvenciones estaban «perfectamente verificadas mediante estudios individualizados en cada caso» y califica su anulación de «cortina de humo» para desviar la polémica por la fuerte subida en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Fernández Montes visitó las comunidades beneficiadas en las semanas previas a las elecciones municipales

El actual concejal de Servicios Sociales, Pedro Pérez, ha convocado a cerca de mil vecinos en varias asambleas que se prolongarán hasta el jueves y que tendrán lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí explicará que las obras prometidas por el anterior Ejecutivo municipal «no pueden realizarse porque los acuerdos alcanzados en mayo de 2015 han sido declarados nulos de pleno derecho» y avanzará detalles sobre la nueva convocatoria. Desde el Consistorio recuerdan que, según el informe jurídico mencionado, la adjudicación de las obras acordadas en los expedientes «prescindió del procedimiento de contratación regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público».

Poder adquisitivo

El informe señala que el único requisito que se exigía en los acuerdos de la junta de gobierno local era que la «mayoría de personas fueran de bajo poder adquisitivo y pertenecientes a la tercera edad que no pueden hacer frente a los gastos», pero no consta en el expediente que estos criterios fuesen verificados para la concesión de la subvención, ni tras la ejecución de las obras. Fuentes municipales aseguran que la nulidad de las ayudas, en caso de declararse firme, llevará consigo una indemnización en concepto de daños y perjuicios de las que será responsable «la parte que resulte culpable».

Desde el PP califican la medida de «cortina de humo» para tapar la subida en los recibos del IBI

El informe incide en que las subvenciones fueron concedidas «desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso». Las comunidades afectadas lamentan que los vecinos «vuelvan a ser moneda de cambio» en el conflicto que mantienen el actual y el anterior equipo de gobierno.

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