Torremolinos adeuda horas extra a su plantilla municipal desde enero

Imagen de archivo perteneciente a la negociación de la RPT aprobada en Torremolinos. /SUR
Imagen de archivo perteneciente a la negociación de la RPT aprobada en Torremolinos. / SUR

El Ayuntamiento alega que los retrasos se deben a la reciente puesta en marcha de un protocolo para regular y fiscalizar los refuerzos laborales

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Crecen las tensiones entre la plantilla municipal, el Gobierno local y el Área de Intervención de Torremolinos. El Ayuntamiento adeuda horas extraordinarias a sus trabajadores desde enero, una situación que comienza a complicar el clima laboral, hasta hace algunos meses caracterizado por la paz social propiciada por «la cortesía horaria» que permite a los empleados públicos trabajar dos horas y media semanales menos de lo que exige la ley. Un informe reciente del interventor, adelantado por este periódico el miércoles, denuncia las presuntas irregularidades del pacto alcanzado en 2016 por el PSOE, que gobierna en minoría, y los sindicatos. Ante este reparo, los socialistas se han visto obligados a anular el acuerdo, una medida que ha puesto en pie de guerra a los representantes sindicales, que exigen el pago de las horas extra adeudadas por el Consistorio.

Salvo los pluses, todos los complementos retributivos de la plantilla (horas extra, nocturnidades, festivos, funciones superiores, dietas o asistencias policiales a juicios, por ejemplo) figuran como «incidencias» en la documentación oficial. El Ejecutivo local acumula retrasos de hasta cinco meses en el pago de estos conceptos. La concejala de Personal, Carmen García, alega que hasta finales del año pasado «no existía un protocolo para solicitar y conceder las horas extra, prohibidas desde 2012 por el anterior equipo de Gobierno». El Ayuntamiento estableció en noviembre, bajo la supervisión del interventor, un protocolo «para que estos conceptos fueran solicitados y asignados de forma justificada, no discrecional».

El nuevo sistema requiere un informe de la delegación correspondiendo argumentando la necesidad de reforzar el servicio, otro informe de Personal cuantificando la actuación reclamada y una solicitud para certificar la existencia de crédito. Estos documentos pasan a Intervención, con la advertencia de que las horas extra y el resto de «incidencias» únicamente serán abonadas si previamente hay consignación presupuestaria y los informes son positivos. En caso de tratarse de necesidades urgentes, la delegación correspondiente deberá elaborar el informe justificativo con posterioridad. Todas las peticiones deben concluir con un decreto del concejal competente, una maraña administrativa que ha provocado que, en estos primeros meses de funcionamiento, el protocolo establecido no haya sido seguido correctamente por todas las concejalías del Consistorio.

Los sindicatos lamentan que los pagos de noviembre y diciembre se realizaran en febrero y que desde enero no se hayan abonado estos conceptos y achacan la situación «a un enfrentamiento entre el interventor y el Gobierno local». García reconoce que el protocolo «es laborioso», aunque asegura que están trabajando «en agilizar los procedimientos». Los sindicatos calculan que el Ayuntamiento adeuda más de 40.000 euros solo a la plantilla de la Policía Local, una cifra que se dispara al sumar el resto de delegaciones municipales. «Hay trabajadores que necesitan el dinero que se han ganado», explican desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN).

Cortesía horaria

La cortesía horaria establecida en el Ayuntamiento contempla la posibilidad de que los trabajadores municipales entren quince minutos más tarde y salgan otros quince minutos antes. La ley, sin embargo, establece jornadas laborales de 37,5 horas semanales para los empleados públicos, de modo que en Torremolinos, por lo general, la normativa estatal estaría incumpliéndose por dos horas y media semanales por trabajador. En materia de vacaciones también estaría contraviniéndose la ley, que recoge 22 días hábiles por año. El interventor denuncia que los empleados municipales disfrutan de más vacaciones de las que permite la normativa, en algunos casos hasta 14 días más. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alega que se aplican «ciertos mecanismos de compensación de días que utilizan otras administraciones sin ningún tipo de problema». Por ejemplo, si un policía local trabaja en verano por la necesidad de reforzar el servicio en una localidad turística como Torremolinos, esos días quedan compensados y aumentados en otros períodos del año.

Los sindicatos esperan que salga adelante el acuerdo estatal que recoge 35 horas semanales y la posibilidad de recuperar días libres «por ultraactividad», aunque estas medidas de momento no están aprobadas.

Los sindicatos denuncian que el interventor que fiscaliza sus horarios «no ficha»

El informe del interventor municipal que pone reparos al acuerdo laboral firmado en 2016, que contempla la posibilidad de trabajar menos horas de las exigidas por ley y disfrutar de más vacaciones de las reglamentariamente permitidas, ha puesto en pie de guerra a los sindicatos. El SIP-AN ha remitido una carta a la concejala de Personal, Carmen García, solicitando información sobre los complementos que cobra el interventor «por si pudiera estar incurriéndose en algún tipo de irregularidad». Tanto la CSIF como el sindicato policial denuncian que el habilitado nacional no ficha a la entrada y a la salida de su jornada laboral. Tras conocer los reparos puestos al acuerdo alcanzado hace dos años, ambos sindicatos enviaron comunicados arremetiendo contra el interventor.

Pese a las tensiones existentes entre parte del equipo de Gobierno y el habilitado, García solicita «responsabilidad para evitar linchamientos» y recuerda que el interventor está exento de fichar por un decreto firmado por ella misma el año pasado: «Los habilitados nacionales no tienen esa obligación porque pertenecen al Cuerpo Superior del Estado». La titular de Personal recuerda que «tampoco fichaba el anterior interventor» y explica que el habilitado actual «acude por las tardes a trabajar y a menudo termina su jornada a las siete u ocho».

García sostiene que, aunque ya ha mantenido contactos iniciales con los sindicatos para abordar la anulación del acuerdo de 2016, en los próximos días «habrá más reuniones para buscar soluciones y crear una mesa de negociación» para sacar adelante el nuevo convenio. Desde Personal confían en alcanzar el consenso que suscitó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permite que el personal público haga carrera administrativa y promoción interna mediante oposiciones, algo que en el futuro podría compensar que la mayoría de trabajadores no tenga la condición de funcionarios.

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