La subida en la mayoría de los recibos del IBI provoca una oleada de quejas en Torremolinos

Los cambios introducidos en el sistema de ayudas han aumentado la cuantía de miles de facturas pese a la bajada del tipo en el comienzo de la legislatura

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Miles de folletos, decenas de vallas y hasta una furgoneta (el IBIBus, la llaman desde el Ayuntamiento) recuerdan estos días en Torremolinos la posibilidad de acogerse al plan de subvenciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero la subida en la mayoría de los recibos ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos. Las facturas de este impuesto municipal, una de las principales vías de recaudación consistorial, llegan a duplicarse en algunos casos, una situación que ha provocado una oleada de quejas entre los propietarios de viviendas situadas en esta localidad costera, que durante años aplicó un tipo de gravamen del 1,16 por ciento pese a que el máximo legal permitido era del 1,10 por ciento.

Paradójicamente, el tipo impositivo aplicado ahora es más bajo (0,98 por ciento), pero la mayoría de viviendas han sufrido un incremento en sus recibos. La explicación radica en los cambios introducidos en el sistema de subvenciones utilizado hasta ahora. La Abogacía del Estado interpuso un procedimiento contencioso administrativo contra el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el objetivo de declarar «contraria a derecho» la modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI. En su escrito, el abogado del Estado sostenía que algunas bonificaciones no estaban contempladas en la normativa estatal (por ejemplo, la que discriminaba en función de los años de empadronamiento) y que el Consistorio carecía de competencias para incluir estas ayudas, salvo en los casos recogidos por la ley, como en viviendas de protección oficial y familias numerosas. Las ayudas fueron declaradas irregulares y quedaron anuladas por un acuerdo plenario.

Decreto in extremis

El PSOE, que gobierna en minoría, aprobó in extremis, mediante decreto y sin el respaldo oficial del resto de la corporación, un plan de ayudas al IBI que subvenciona entre un 25 y un 75 por ciento de los recibos en base a criterios de renta, con un máximo de 400 euros por vivienda. Si la unidad familiar está formada por una sola persona, los ingresos brutos para acceder a estas ayudas deberán haber sido iguales o inferiores a 22.365 euros anuales. En otro caso, una familia con cuatro miembros deberá haber tenido unos ingresos brutos anuales de 44.730 euros o menos para beneficiarse del plan.

El asunto fue objeto de la enésima disputa política esta legislatura entre los socialistas y el PP, que gobernó hasta 2015. La líder de los populares, Margarita del Cid, advirtió del incremento en los recibos que supondría el actual plan de subvenciones. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, recuerda que el plan de ajuste y la abultada deuda municipal, superior a los 180 millones de euros, impiden reducir el IBI. La bajada del tipo impositivo aprobada en pleno en 2015, pocas semanas después de la llegada de José Ortiz a la Alcaldía, fue por tanto irregular, aunque desde el Gobierno local alegan que en aquel momento no existían informes jurídicos que advirtieran de ello.

En el último pleno, el Ayuntamiento dio luz verde al inicio de las conversaciones para renegociar su deuda financiera y, de este modo, reducir el plazo medio de pago a proveedores, uno de los más altos de la provincia, con el objetivo de bajar el IBI en 2018. Hasta entonces, miles de vecinos tendrán que afrontar una cuantiosa subida en sus recibos.

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