«No siga engañando al pueblo»

Fernández Montes, en una imagen de archivo./SUR
Fernández Montes, en una imagen de archivo. / SUR
Crónica política

La exsecretaria municipal de Torremolinos relata «el acoso laboral al que fui sometida» por Fernández Montes y su equipo tras poner reparos a la privatización de la empresa de aguas: «Llegué a perder 28 kilos»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Tres años después de ser desalojado de la Alcaldía de Torremolinos, Pedro Fernández Montes continúa recibiendo las facturas, con cargo a las arcas municipales, de una gestión que definió como «brillante». Un juez ha condenado al Ayuntamiento a pagar más de 30.000 euros en concepto de indemnización a la exsecretaria municipal, a quien el exalcalde suspendió tras una discusión. La funcionaria puso reparos a la composición del tribunal calificador para la designación de las plazas de vigilante de playa y a la venta del 95 por ciento de las acciones de la empresa que gestionaba el agua. Fernández Montes, poco acostumbrado a que le lleven la contraria, le abrió expediente por supuesta desconsideración hacia un superior (él mismo) y hacia una subordinada. Mientras se resolvía el expediente, que fue aprobado meses después en pleno con la mayoría absoluta del PP y el rechazo de la oposición, el entonces regidor apartó de sus funciones a la habilitada nacional de forma cautelar, medida que fue definitiva tras la decisión plenaria, finalmente tumbada por otro juez.

En su página de Facebook, gestionada desde la sede que el PP de Torremolinos tiene en el recinto ferial,alegó que «el interés general del municipio debía prevalecer sobre la opinión de una funcionaria», refiriéndose únicamente al procedimiento abierto para la designación de plazas de vigilantes de playa y obviando la privatización de la empresa de aguas. Poco después de su publicación, el exalcalde recibió la inesperada respuesta de la trabajadora, que hasta ahora nunca se había pronunciado públicamente. «No siga engañando al pueblo», le pidió: «El expediente por el que se intensificó el acoso laboral al que me sometieron fue por la venta de acciones de Astosam (la empresa de aguas). Tras casi nueve años y conseguir a mi favor todas las resoluciones judiciales en vía contenciosa-administrativa, a costa de mi propio patrimonio y no del dinero público, por fin un juez ha tenido la valentía de ponerle nombre a lo que sufrí en ese Ayuntamiento, donde perdí 28 kilos».

La funcionaria lamenta «que tenga que volver a pagar el pueblo de Torremolinos por uno más de los maltratos al personal», en referencia a otras sentencias indemnizatorias a las que el Consistorio ha sido condenado con anterioridad (por ejemplo, los 240.000 euros que ha tenido que abonar la tesorería municipal por acoso laboral a un bombero en 2003), y confía en que esta vez la indemnización sea pagada por Fernández Montes y los entonces concejales del PP que votaron a favor de su expediente. El PSOE, que gobierna en minoría, planteará esta posibilidad en el pleno de la próxima semana mediante una moción para solicitar una acción de regreso, procedimiento contemplado en la ley para que las administraciones exijan a sus empleados que se responsabilicen de este tipo de indemnizaciones.

La sentencia resulta demoledora. El juez considera que el expediente fue abierto «para evitar la actuación objetiva de la funcionaria» en relación con la venta de activos de la empresa pública de aguas y revela que el procedimiento estuvo plagado de «agravios, humillaciones y actos atentatorios contra la dignidad personal y profesional» de la entonces secretaria municipal. El expediente fue instruido por la concejala Margarita del Cid y aprobado por el resto de ediles del PP, junto con Fernández Montes. Meses después, una sentencia declaró no conforme a derecho, nulo y sin efecto esta aprobación plenaria, pero el Ayuntamiento alargó durante tres años la batalla judicial con un recurso tumbado finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este recurso fue presentado por el Consistorio, según sostiene el juez, «a pesar de la evidencia de lo razonado» en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga «y por la prepotencia del regidor».

El relato de la funcionaria ha sido eliminado de la cuenta de Facebook de Fernández Montes, donde apenas ‘sobreviven’ tres de los más de veinte comentarios publicados por diferentes usuarios, muestra de la censura que caracteriza su página. La sentencia deja en una situación complicada para el próximo pleno a los concejales que votaron a favor del expediente, que el juez resume como «un conjunto de abusos», y a Del Cid como instructora. El magistrado llega a avergonzarse de una actuación que califica como «una evidente extralimitación de la encomienda» de los ediles como servidores públicos: «Causa sonrojo a este juez el palmario interés del alcalde en sacar a la entonces secretaria general de sus funciones a la vista de la operación de venta de activos de la empresa municipal de aguas».

Fiscalización

La sentencia también ayuda a comprender por qué el Ayuntamiento cuenta únicamente con una treintena de funcionarios de una plantilla de más de 700 trabajadores. Torremolinos ha sido un destino históricamente rechazado por los habilitados nacionales, conscientes de la dificultad de ejercer las labores de fiscalización que les corresponden. Por si fuera poco, el juez vuelve a poner el foco de atención en la privatización de la empresa municipal de aguas, un procedimiento que debería ser revisado tras esta sentencia, especialmente para saber cuáles fueron los reparos indicados por la entonces secretaria general.

Fernández Montes, que sigue siendo presidente del PP local, llega a hablar de sí mismo en tercera persona al asegurar que la trabajadora «se insolentó gravemente con gritos hacia su superior, el alcalde, y también con una subordinada». Antes de la llegada de esta funcionaria, el Ayuntamiento nombraba secretarias accidentales, figura que el exalcalde recuperó tras apartar de sus funciones a esta habilitada nacional. Algo similar ha ocurrido con los interventores, casi siempre accidentales, condición que la ley contempla para situaciones excepcionales pero que en este caso han resultado la norma. Torremolinos no es lugar para funcionarios.

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