Una sentencia judicial exime a Mijas de abonar un millón de euros en intereses

El edil que firmó el convenio en 2011, Mario Bravo, es el actual portavoz del PP en la localidad. /I. G.
El edil que firmó el convenio en 2011, Mario Bravo, es el actual portavoz del PP en la localidad. / I. G.

El juez alerta sobre la posible ilegalidad de un convenio firmado con la empresa acreedora en la época de gobierno del PP

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El Juzgado 2 de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha eximido al Ayuntamiento de Mijas de abonar casi un millón de euros en concepto de intereses a la empresa JR Cabello, que reclamaba esta deuda que había sido previamente cedida por su empresa matriz y que eran fruto de unas certificaciones impagadas. Este reconocimiento de deuda fue además plasmado en un convenio sobre el que el juez, en la sentencia, alerta de una posible ilegalidad, por lo que avisa de que enviará toda la documentación a la Fiscalía para que tome las acciones oportunas.

El concejal de Hacienda de entonces (los hechos se remontan a la segunda mitad de 2011), Mario Bravo (PP), firmó un convenio con un plan de pagos con la empresa deudora original. Más tarde, el 20 de diciembre de 2011, la mercantil cedió sus derechos derivados de dicho convenio a JR Cabello, sin que el Ayuntamiento hiciera frente a ninguno de los plazos incluidos en el plan.

Según se desprende en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, la compañía acreedora considera que la administración municipal había firmado dicho convenio «con la voluntad de incumplirlo desde sus inicios». Dicho de otro modo, la empresa original cedió los intereses a otra de su mismo grupo para poder acogerse al pago a proveedores (que solo permitía abonar las facturas sin cargos adicionales), pero sin perder con ello la posibilidad de cobrarlos en algún momento.

El juzgado confirma que el Ayuntamiento tendría que pagar 166.518 euros, pero esta cantidad también será recurrida

«Las relaciones internas intencionadas entre la recurrente y la empresa matriz, las cuales compartían dirección empresarial, demuestran que habían procurado una cesión de crédito en un contrato sin causa o con causa simulada en aras de perjudicar el concurso de acreedores en el que incurrió la originaria acreedora», asegura el juez en el texto de la sentencia. Eso sí, pese a no contemplar este pago de casi un millón de euros, el juzgado sostiene que subsidiariamente se señalaban unos intereses sobre las primeras certificaciones abonadas, por lo que quedaba una cifra por importe tan sólo de 166.518 euros, que es lo único que el Consistorio, en principio, deberá pagar, aunque fuentes municipales señalan que se recurrirá también esta decisión.

El juez insiste por tanto en que los intereses derivados de las certificaciones abonadas no eran susceptibles de reclamarse por dicha extinción para acogerse las entidades financieras a dicho plan de proveedores «sin que quepa una interpretación independiente por implicar la opción expuesta por la actora un claro fraude de ley para sortear dicha consecuencia legal derivada del pago a proveedores del que se pudo beneficiar ella de no haber endosado dichos créditos y certificaciones», afirma.

Además del millón de euros que las arcas de Mijas no tendrán que abonar, existe otro punto en la sentencia que sí podría tener más recorrido y afectar a concejales en activo. En la parte final del documento, el juez de lo Contencioso-Administrativo asegura que los hechos ocurridos en 2011 (en concreto la firma del convenio de la empresa con el edil de Hacienda), podría tener encaje en una conducta «típica, antijurídica y punible», por la cual informa de que derivará testimonio a la Fiscalía Provincial de Málaga por posibles «delitos económicos» para que por la misma en el ejercicio de sus competencias «pueda instar si así lo considera oportuno las acciones penales oportunas contra los presuntos partícipes en la misma y su evento al alcance a las personas jurídicas y la de la cesión del crédito», concluye el documento, dejando la puerta abierta a un nuevo frente judicial para los populares en el municipio.

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