Un informe considera nula la urgencia para destituir a Del Cid de la Mancomunidad

Del Cid, ayer en el registro general del Ayuntamiento de Torremolinos. /SUR
Del Cid, ayer en el registro general del Ayuntamiento de Torremolinos. / SUR

La portavoz del PP pide la dimisión del alcalde, a quien acusa de liderar un «pucherazo», y el PSOE mantiene que respetará el acuerdo plenario de cese

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZTorremolinos

Aún colean las consecuencias del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Torremolinos. Un informe de la secretaria municipal revela ahora que el acuerdo adoptado para destituir a Margarita del Cid (PP) como miembro de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, institución que preside, es nulo de pleno derecho. La funcionaria se apoya en varias sentencias judiciales previas que dictan que la urgencia de asuntos no incluidos en el orden del día debe ser aprobada con mayoría absoluta, una práctica que Torremolinos habría incumplido desde comienzos de legislatura. En la última sesión plenaria, Del Cid fue depuesta como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad a raíz de una moción presentada mediante vía de urgencia por el concejal no adscrito Juan Machío.

Los concejales pueden presentar mociones que no figuren en el orden del día siempre que su urgencia sea justificada y aprobada por el pleno. En el caso que compete a Del Cid, la urgencia de la propuesta recibió doce votos a favor (PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol Sí Puede y no adscrito) y doce votos en contra (PP y Ciudadanos). El empate fue dirimido con el voto de calidad del alcalde, José Ortiz (PSOE). La secretaria municipal, sin embargo, aclara que el voto de calidad del primer edil «no juega más que en las votaciones en las que se requiere mayoría simple para la válida adopción de acuerdos, pero no quiere decir que disponga de dos votos». Para aprobar la urgencia de la moción presentada por Machío, según el informe municipal, habría sido necesaria mayoría absoluta (13 votos).

Del Cid fue destituida inicialmente tras una moción de IU sobre la que la secretaria no pone reparos. Como parte de esa misma propuesta, segundos después del cese, el grupo municipal del PP presentó a Del Cid como candidata para cubrir su propia vacante en la Mancomunidad. Esta propuesta fue aprobada al producirse un cambio en el sentido del voto del concejal no adscrito. La portavoz del PP recuperaba así su condición de representante del Ayuntamiento en la institución que preside. La sesión plenaria continuó con normalidad hasta que, minutos después, el edil no adscrito presentó por urgencia una moción calcada a la de IU alegando que se había equivocado en la votación anterior y que el error «no me habría dejado dormir».

Ante el revuelo originado, el alcalde solicitó un receso. Durante este lapso, Machío reconoció haber recibido presiones «de ambos lados» y ayuda para rehacer su moción, cuyo planteamiento era erróneo; había propuesto revocar el nombramiento de Del Cid como representante del Ayuntamiento aprobado en 2015, cuando en realidad debía plantear la revocación del nombramiento aprobado minutos antes, a raíz de la moción de IU. La sesión fue reanudada y el edil presentó su propuesta de destitución mediante vía de urgencia al no formar parte del orden del día. Para que esa urgencia fuera válida habría necesitado un voto más de los recibidos, según la secretaria municipal.

Del Cid ha convocó ayer una rueda de prensa para denunciar «el atropello cometido» contra ella en las últimas semanas, dar a conocer el contenido del informe y anunciar su inclusión en los procedimientos judiciales que ha iniciado «por la vía penal y también por la contenciosa». La portavoz popular también solicitó la dimisión del alcalde, a quien acusa de liderar «un pucherazo por el miedo que le produce mi nombramiento como candidata del PP».

«Moción de censura»

Los populares consideran que los concejales que votaron a favor de la destitución, que califican como «una moción de censura encubierta» en la Mancomunidad, cometieron un presunto delito de prevaricación. La propuesta de cese presentada por IU, y más tarde por el edil no adscrito, fue justificada por la participación de Del Cid como instructora en el expediente abierto hace casi una década contra una funcionaria que puso reparos a una operación de venta de acciones de la empresa de aguas.

La aprobación definitiva de los presupuestos, también en el aire por su posible nulidad

. En su informe, la secretaria municipal muestra su sorpresa por el criterio seguido por el Ayuntamiento a la hora de votar la urgencia de las mociones no incluidas en el orden del día de las sesiones plenarias. La habilitada nacional menciona otras propuestas sacadas adelante por vía de urgencia sin mayoría absoluta, y por lo tanto también nulas de pleno derecho según su consideración, como la aprobación definitiva del presupuesto del año pasado y la desestimación de las alegaciones presentadas por el PP. Por esta última causa también han iniciado los populares un procedimiento judicial sobre el que la Fiscalía ya se ha pronunciado asegurando que el PSOE, que gobierna en minoría, vulneró los derechos fundamentales de la oposición.

El fiscal considera que la comunicación a través de Whatsapp la noche anterior al pleno ordinario de un nuevo punto relativo a la aprobación definitiva del presupuesto viola el derecho del PP a ejercer un efectivo control político de la actuación del equipo de gobierno y acusa al PSOE de utilizar «de forma fraudulenta» el recurso a la urgencia «para cercenar el derecho a la información de los grupos de la oposición». La Fiscalía entiende que «no hubo tiempo legal ni material para decidir el sentido del voto y tratar de convencer a otros grupos sobre ello», por lo que estima la demanda interpuesta por el PP. Del Cid ha denunciado públicamente «las dificultades» que encuentra su grupo para acceder a la información municipal y para que sus solicitudes de informes municipales y datos sean atendidas por el Gobierno socialista.

El interventor municipal desestimó las alegaciones presentadas por el PP al presupuesto general del Ayuntamiento en julio, pero este informe no fue puesto en conocimiento del grupo municipal popular hasta cuatro minutos antes del pleno donde el presupuesto quedó aprobado de forma definitiva mediante una moción urgente.

Este expediente, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha recobrado actualidad en las últimas semanas por una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga que condena al Ayuntamiento de Torremolinos a pagar más de 30.000 euros al considerar que el proceso interno iniciado cuando era alcalde Pedro Fernández Montes (PP) supuso una cadena de abusos y humillaciones contra la trabajadora. Del Cid alega que la sentencia en ningún momento llega a nombrarla.

Por su parte, Ortiz manifestó ayer su «respeto a las resoluciones adoptadas en las sesiones plenarias» e hizo mención al reglamento orgánico, que en su artículo 77 indica que los asuntos de urgencia «son admitidos por mayoría simple». Desde el PSOE consideran que Del Cid «no forma parte de la Mancomunidad porque los acuerdos plenarios solo puede anularlos un juez, no un funcionario». La portavoz del PP ha evitado firmar documentos de la Mancomunidad en las últimas semanas, tarea que ha recaído en el vicepresidente de la institución, Ángel Nozal (PP).

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