Salido y López Merino accedieron al varadero sin autorización municipal

Salido y López Merino alegan que accedieron al varadero porque el contrato había finalizado. /A. G.
Salido y López Merino alegan que accedieron al varadero porque el contrato había finalizado. / A. G.

Dos agentes de la Policía Nacional confirman que los exresponsables de Puerto Marina carecían de permiso para romper y cambiar la cerradura

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La maraña judicial que envuelve la gestión de Puerto Marina en la anterior legislatura va desenredándose. Ayer tuvo lugar la primera jornada del juicio por el presunto allanamiento cometido en el varadero de Puerto Marina en 2011 por parte del exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benalmádena, Francisco Salido, y el exgerente del recinto portuario, José Manuel López Merino. Dos agentes de la Policía Nacional citados como testigos confirmaron que ninguno de los dos exlíderes de la formación independiente Unión Centro Benalmádena (UCB) tenía autorización municipal por escrito para acceder al varadero. Ambos se enfrentan a más de tres años de cárcel por presuntos delitos de coacciones, realización arbitraria del propio derecho, prevaricación y allanamiento por acudir junto a un cerrajero el 1 de octubre de 2011, de madrugada, para romper y cambiar la cerradura del varadero, cuya explotación había sido adjudicada al Grupo Marinas del Mediterráneo.

Salido y López Merino alegaron que el contrato con la empresa había finalizado el 30 de septiembre y que la adjudicataria llevaba 18 meses sin abonar el canon por la explotación, que ascendía a 12.000 euros mensuales. Marinas del Mediterráneo, sin embargo, denunció «destrozos» y presentó una denuncia penal contra ambos en la que solicita prisión y una indemnización de 416.111 euros más intereses, de la que responderían como responsables civiles subsidiarios el Puerto y el Ayuntamiento de Benalmádena. Salido, que declaró ayer, aseguró que seguía órdenes del consejo de administración del Puerto, mientras que López Merino afirmó que era Salido, como concejal, quien daba las órdenes. Los agentes también confirmaron que López Merino se presentó como abogado del Puerto, cargo que no podía ostentar. Un juez ya dictó en 2014 una sentencia que lo condena a seis meses de cárcel por intrusismo al ejercer como abogado sin estar colegiado. Aquella pena fue conmutada por el pago de una multa superior a los 3.600 euros y la inhabilitación para cargo público.

Petición de la Fiscalía

Hoy declaran como testigos los agentes de la Policía Local que acudieron al varadero aquella madrugada. Salido se enfrenta a un posible delito de prevaricación al llamar a la Policía valiéndose de su condición de concejal. La Fiscalía pide once meses de prisión para ambos y nueve meses de multa con una cuota diaria de quince euros, además de diez años de inhabilitación absoluta. Hoy también declarará como testigo el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, por entonces alcalde de Benalmádena. Salido y López Merino accedieron al varadero sin decreto de Alcaldía.

El juicio se prolongará hasta mañana. En cuanto a la indemnización, que podría suponer un varapalo para las cuentas del Puerto, Marinas del Mediterráneo justifica la cantidad reclamada por el «contravalor de las participaciones sociales adquiridas», según consta en el auto de apertura del juicio oral. Tras la polémica suscitada por la rotura y el cambio de cerradura, Salido aseguró que se había actuado «en beneficio de los intereses generales de los vecinos de Benalmádena, propietarios legítimos de las instalaciones del varadero», frente a los intereses particulares.

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