Salido se enfrenta a tres años de cárcel por presunto allanamiento en el Puerto

Francisco Salido, en una imagen de archivo./A. G.
Francisco Salido, en una imagen de archivo. / A. G.

Comienza el juicio contra el exprimer teniente de alcalde, acusado de romper y cambiar de madrugada la cerradura de esta instalación pública

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Comienzan a despejarse los procedimientos penales abiertos por la gestión de Puerto Marina en la anterior legislatura. Hoy arranca el juicio contra el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benalmádena, Francisco Salido, y el exgerente del Puerto, José Manuel López Merino, por un presunto allanamiento cometido en 2011, cuando ambos acudieron al varadero junto a un cerrajero para, según la acusación, romper y cambiar las cerraduras del recinto, cuya explotación había sido adjudicada al Grupo Marinas del Mediterráneo. La empresa solicita para ambos acusados más de tres años de cárcel y una indemnización de 416.111 euros más intereses, de la que responderían como responsables civiles subsidiarios el Puerto y el Ayuntamiento de Benalmádena.

La acusación considera que los hechos son constitutivos de supuestos delitos de coacciones, realización arbitraria del propio derecho, prevaricación y allanamiento. Por su parte, la Fiscalía pide once meses de prisión para ambos y nueve meses de multa con una cuota diaria de quince euros, además de diez años de inhabilitación absoluta. El Puerto, que podría acabar haciendo frente a una cuantiosa multa, también está personado en el juicio como acusación. Salido y López Merino eran por entonces presidente y vicepresidente de Unión Centro Benalmádena (UCB), la formación independiente que funcionó como llave de gobierno en la anterior legislatura. Ambos justificaron su acción en esta instalación pública por la necesidad de tener «un control total del varadero» después de que la concesión hubiese expirado dos días antes. El entonces concejal del Puerto alegó que la empresa adjudicataria llevaba 18 meses sin abonar el canon por la explotación del varadero, que ascendía a 12.000 euros mensuales.

El juicio se prolongará durante tres jornadas. En cuanto a la indemnización, que podría suponer un varapalo para las cuentas del Puerto, Marinas del Mediterráneo justifica la cantidad reclamada por el «contravalor de las participaciones sociales adquiridas», según consta en el auto de apertura del juicio oral, al que este periódico tuvo acceso. La rotura y el cambio de cerradura se produjo de madrugada. Tras la polémica suscitada por esta medida, Salido aseguró que se había actuado «en beneficio de los intereses generales de los vecinos de Benalmádena, propietarios legítimos de las instalaciones del varadero», frente a los intereses particulares.

La empresa afirmó que Salido y López Merino iban acompañados de agentes de la Policía Local y de los escoltas de Salido, por lo que considera que el Ayuntamiento «dio cobertura y amparo a conductas delictivas de extrema gravedad». El cambio de cerradura puso en pie de guerra a los cuatro empleados del varadero, que no pudieron acceder a sus puestos de trabajo y organizaron jornadas de encierro como medida de protesta. Desde el Consistorio alegaron que el contrato con Marinas del Mediterráneo había finalizado un día antes del cambio de cerradura.

Pactos

UCB pactó en 2011 con el PSOE e Izquierda Unida, invistiendo alcalde al socialista Javier Carnero, y en 2012 firmó una moción de censura junto al PP para otorgar la vara de mando a Paloma García Gálvez. Salido fue destituido como primer teniente de alcalde y concejal del Puerto Deportivo y Bienestar Social el 18 de noviembre de 2014, tres días después de que este periódico publicase que mantenía a tres familiares directos como asesores con sueldos superiores a los 39.000 euros anuales cada uno. La condena de López Merino, número dos de UCB y por entonces gerente del Puerto, por ejercer como letrado sin estar colegiado terminó de dinamitar un pacto resquebrajado desde hacía meses.

El caso del varadero no es el único proceso judicial abierto contra Salido por la gestión del Puerto. También se investigan varias adjudicaciones presuntamente ilegales que habrían dado lugar a un entramado empresarial.

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