Una reivindicación histórica en Torremolinos

La plataforma que solicita un ascensor se manifestará el sábado. /A. G.
La plataforma que solicita un ascensor se manifestará el sábado. / A. G.

La necesaria reforma de la estación de La Nogalera acumula tantas peticiones vecinales como compromisos políticos incumplidos

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las necesarias obras de remodelación y accesibilidad en la estación de trenes de La Nogalera acumulan tantas reivindicaciones vecinales como compromisos políticos incumplidos. El Ayuntamiento de Torremolinos y el Gobierno central se han enzarzado ahora en un estéril cruce de acusaciones del que resulta difícil sacar algo en claro. El subdelegado del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Málaga, Miguel Briones, asegura que el Consistorio «está al tanto del proyecto», licitado la semana pasada por el consejo de administración de Renfe por importe de 7,5 millones de euros, «desde el minuto uno». La primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, sostiene sin embargo que el Ayuntamiento solo ha recibido una síntesis del proyecto y que el inicio de las obras está supeditado a un informe favorable municipal que los técnicos de Urbanismo no pueden elaborar por la falta de documentación remitida por el Ministerio de Fomento.

Ante esta nueva maraña política, la plataforma que solicita la instalación de un ascensor en la estación, perteneciente a la línea del Cercanías que une Málaga y Fuengirola, mantiene la concentración prevista el 10 de marzo. Briones achaca los retrasos en la redacción del proyecto a «las numerosas modificaciones propuestas por el Ayuntamiento», mientras que Tocón afirma que el procedimiento, sin el mencionado informe municipal, incumple la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), sin descartar una futura impugnación por parte del Consistorio. Desde Renfe inciden en que las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de abril para una licitación que se resolverá mediante procedimiento abierto y cuya apertura de las plicas se realizará el 4 de junio.

La polémica

Renfe.
La empresa estatal asegura que el proyecto ya está finalizado, pero sigue sin hacerlo público y la licitación no aparece en su web.
Gobierno central.
Briones achaca los retrasos a las «continuas modificaciones» propuestas por el Ayuntamiento.
Ayuntamiento.
El Gobierno local asegura que no ha recibido el proyecto definitivo y que el procedimiento incumple la LOUA.

La estación, utilizada por miles de personas cada día, carece de ascensores. Las escaleras mecánicas funcionan únicamente en un sentido y el largo tramo de escaleras convencionales constituye cada un obstáculo a menudo insalvable para personas ancianas, con problemas de movilidad, en sillas de ruedas o con equipaje o carritos de bebé. En abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, la exministra de Fomento, Ana Pastor, visitó Torremolinos para anunciar que los presupuestos de ese año contemplaban una partida para dar respuesta a la necesidad de reformar la estación y aseguró que las obras comenzarían en pocos meses. El incumplimiento de aquel compromiso fue achacado por Fomento al cambio de Gobierno local, aunque lo cierto es que el problema viene de largo y ha sido víctima del cambio de actitud de los dos grandes grupos políticos representados en el Ayuntamiento, PP y PSOE, en función de qué partido gobernarse a nivel estatal.

En 2010, cuando presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), el Ejecutivo local de Pedro Fernández Montes (PP) llegó a exigir en sesión plenaria la remodelación de la estación por parte del Ministerio de Fomento «sin más subterfugios ni demagogia». El portavoz del PSOE en la localidad, José Ortiz, echaba balones fuera e insistía en que ya había dos alternativas previstas para modificar la situación. Ninguna se puso en marcha bajo Gobierno socialista. Ya con el PP en el Ejecutivo central, las tornas cambiaron y el equipo de Fernández Montes no volvió a tratar el asunto en el pleno. Fue Ortiz, ahora alcalde, quien presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 para garantizar la accesibilidad de la estación, algo que no había hecho cuando gobernaba Zapatero. Años después, los usuarios de la línea de Cercanías continúan sufriendo la falta de acuerdo entre ambos partidos y el uso electoralista de un problema cuyo horizonte podría despejarse si Renfe hiciera públicos el proyecto definitivo y su licitación.

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