Puertos privados critican que la Junta no les bonifique la tasa T5 como al resto

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La Asociación Marinas de Andalucía, que incluye a un total de 16 puertos deportivos gestionados por empresas concesionarias encabezaos por el Puerto de Fuengirola, criticó ayer que la Junta de Andalucía «discrimina a los puertos gestionados indirectamente con bonificaciones a la tasa T5 establecidas sólo en los puertos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía».

En una nota a la que este periódico ha tenido acceso, Marinas de Andalucía sostiene que la Junta de Andalucía ha publicado el pasado 4 de enero de 2018 la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018. Aseguran que esta ley, incluye en su Título V, artículo 41, un coeficiente corrector de las tasas portuarias para el ejercicio 2018, «por la que se aplica a los puertos deportivos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (encabezados) determinadas bonificaciones en la tasa denominada T5, que afecta a embarcaciones deportivas y de recreo».

Así, las embarcaciones en los puertos deportivos de Estepona, Fuengirola, Isla Canela y Marina El Rompido están afectadas por esta tasa, «a pesar de que está creada en realidad para los servicios portuarios que aplica la propia APPA». Marinas de Andalucía señala que la justificación es que son puertos con zona pesquera, pero que en realidad la Agencia Pública de Puertos de Andalucía «no presta ningún servicio en la zona deportiva que están gestionadas por concesionarias, que ya pagan sus cánones».

Para el presidente de la Asociación Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, esta acción es un «suma y sigue» en el cúmulo de «agravios comparativos» que la Junta lleva a cabo con los puertos deportivos de gestión indirecta. «No sólo no nos deberían aplicar la tasa T5, como a los demás puertos deportivos de gestión indirecta, sino que en los presupuestos de este año aprueban una bonificación, pero sólo para los puertos que ellos gestionan directamente», añadió.

Martín recordó que la tasa T5 desde que se ha puesto en marcha acumula cuatro recursos contencioso-administrativos al año, por lo que ya suman más de 50. «Desde entonces y hasta 2014, que es el último que ha resuelto la justicia (y adelantado por SUR hace dos semanas), se han ganado todos los recursos interpuestos, porque la justicia nos da la razón y la APPA tiene que devolver todo lo cobrado irregularmente. Son tasas ilegales», sentenció José Carlos Martín.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos