Puerto Marina denuncia sobrecostes de más de un millón en obras públicas

Las cuentas de Puerto Marina son objeto de una auditoría interna desde hace casi dos años. /A.G.
Las cuentas de Puerto Marina son objeto de una auditoría interna desde hace casi dos años. / A.G.

El Ayuntamiento traslada al Juzgado un primer cálculo de los «perjuicios mínimos» ocasionados por «los excesos de los anteriores gestores»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Continúa la investigación por las supuestas ilegalidades cometidas en Puerto Marina durante el anterior mandato municipal. A petición de la jueza que lleva el caso, el Ayuntamiento de Benalmádena ha elaborado un informe para calcular los «perjuicios mínimos» ocasionados por «los presuntos excesos de los anteriores gestores» en esta empresa pública. El documento revela sobrecostes por valor de más de un millón de euros en catorce contratos de obras ejecutadas en el Puerto Deportivo entre 2011 y 2015. Estos trabajos fueron adjudicados a un reducido grupo de empresarios vinculados a Unión Centro Benalmádena (UCB), la formación local que fue llave de gobierno y gestionó la sociedad pública en el período auditado. En concreto, varias empresas pertenecientes a cinco empresarios recibieron el 66,19 por ciento de la facturación a Puerto Marina, casi tres millones de euros, durante la etapa mencionada.

El Consistorio ya ha trasladado al Juzgado número 2 de Torremolinos el informe, al que SUR ha tenido acceso y que será incorporado a las diligencias previas abiertas el año pasado. Del control financiero se desprende que hubo «contratos, facturas, pagos y obras» que podrían ser constitutivos de varios delitos en torno a la gestión de fondos públicos y societarios. Los exgestores del Puerto «facilitaron las adjudicaciones» contractuales a las sociedades controladas por estos cinco empresarios. Entre las ilegalidades detectadas destacan fraccionamientos indebidos de contratos, creación de competencia mendaz, adjudicaciones directas sin que existieran presupuestos, firmas sin supervisión técnica, quebrantamiento de embargo de la Agencia Tributaria, cesiones irregulares y desvío de ingresos.

EN CIFRAS

63%
llega a alcanzar el sobrecoste detectado en algunos contratos, una cantidad que asciende a más de un millón de euros en total.
2,9
millones de euros fueron facturados entre 2011 y 2015 a Puerto Marina por diversas sociedades controladas por cinco personas vinculadas a la formación local UCB, que gestionaba la empresa pública.
2016
fue el año en que el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos abrió diligencias por este caso, que arrastra nueve investigados, entre ellos los cinco empresarios.

Por el caso permanecen investigados, además de los cinco empresarios, el exconcejal del Puerto, Francisco Salido, y su exgerente, José Manuel López Merino, números uno y dos de UCB, que en las últimas elecciones municipales, cuando ya estaba envuelto en varios escándalos como el desfase económico del comedor social, no obtuvo representación municipal. Este nuevo informe se suma a la auditoría interna que destapó los el presunto fraude, detectado hace más de un año, y al examen pericial realizado por una experta caligráfica que determinó que las firmas de diversos documentos del Puerto habían sido falsificadas. Los sobrecostes denunciados ahora constituyen un 35,4 por ciento de la facturación de las obras auditadas.

«Excesos» económicos

Entre los trabajos que presentan «excesos» económicos figuran la prestación del servicio de limpieza de la zona de capitanía y varadero, el mantenimiento general, los servicios de jardines públicos, la peatonalización del entorno del Pueblo Marinero, el acerado, las obras de sustitución de pavimento o el suministro de materiales al almacén. En estos procedimientos se detectan sobrecostes que alcanzan el 63 por ciento y prácticas irregulares como las prórrogas de contratos menores, la falta de licitación y proyecto, la ausencia de documentación técnica que justifique o detalle las actuaciones y la elaboración de inventarios por parte de asesores externos en lugar de funcionarios o trabajadores del Puerto.

Para el cálculo de los perjuicios ocasionados a la empresa pública no se han tenido en cuenta las partidas «dudosas» de las que se desconoce con exactitud a qué contrato pertenecen. El informe incluye una veintena de anexos que permitirán a la jueza que lleva el caso investigar la posible comisión de varios delitos. La causa arrastra nueve imputados, porque a los cinco empresarios y a los dos excargos públicos se suman dos antiguos asesores de UCB.

El informe interno que ha desatado la instrucción judicial, al que este periódico tuvo acceso, concluye que la mayoría de empresas que recibieron adjudicaciones del Puerto en la anterior legislatura fueron creadas semanas antes de que los proyectos salieran a concurso. Pese a pertenecer al mismo administrador, estas compañías competían entre sí para dotar de «una falsa apariencia de legalidad» a los procedimientos de adjudicación, una compleja obra de ingeniería societaria que continúa siendo investigada.

El empresario más beneficiado por esta presunta trama responde a las iniciales M. S. I. P. y pertenecía al entorno de UCB, hasta el punto de que estuvo en la sede del partido durante la jornada electoral de las municipales de 2011, cuando los independientes obtuvieron cuatro concejales. Este administrador presidía un grupo con al menos cuatro sociedades, todas a su nombre, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto, según la investigación interna. A su vez, dos empleados de este grupo, padre e hijo, aparecen como administradores de otras dos empresas que recibieron 624.368 euros. En total, las seis sociedades mencionadas, en su mayoría constituidas entre abril y agosto de 2011, semanas antes o después de los comicios, facturaron el 46,8 por ciento de los contratos adjudicados por el Puerto en la anterior legislatura, excluyendo gastos corrientes como nóminas, electricidad, suministros o seguros.

UCB obtuvo cuatro concejales en 2011 y acabó la legislatura solo con dos. Salido volvió a presentarse como cabeza de lista en 2015, sin obtener representación en la corporación.

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