El PSOE solicitará que el PP haga frente a la indemnización por humillaciones a una funcionaria

Tocón llevará al pleno «una acción de regreso». :: sur/
Tocón llevará al pleno «una acción de regreso». :: sur

El Gobierno planteará en el pleno un procedimiento para que Fernández Montes y sus ediles paguen los 30.000 euros impuestos al Consistorio

ALBERTO GÓMEZ.

::El Gobierno de Torremolinos llevará al pleno de la próxima semana una moción para eximir al Ayuntamiento del pago de 29.805 euros más costas al que debe hacer frente por las humillaciones ejercidas por el anterior Ejecutivo local contra la exsecretaria municipal. El PSOE solicitará que sean los concejales del PP que gobernaban con mayoría absoluta en 2010, cuando se produjeron los hechos, quienes abonen la indemnización impuesta en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga, cuyo contenido adelantó ayer este periódico. La actual primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, asegura que existe la posibilidad jurídica de que el equipo del exalcalde Pedro Fernández Montes se responsabilice de este pago mediante una acción de regreso, procedimiento que planteará el 22 de marzo.

La funcionaria fue sometida, según el juez, a «agravios, humillaciones y actos atentatorios contra su dignidad personal y profesional» por parte del anterior Gobierno local del PP. Fernández Montes le abrió expediente y la apartó de su cargo de forma cautelar por supuesta desconsideración hacia él y una subordinada durante una discusión. Meses después, el PP utilizó su mayoría absoluta para aprobar el expediente iniciado por el entonces alcalde e instruido por la concejala Margarita del Cid, que se ausentó durante la votación, según consta en el acta plenaria de aquella sesión. La suspensión tuvo lugar después de que la entonces secretaria general del Ayuntamiento pusiera reparos a la venta de activos de la empresa de aguas, una operación que terminó llevándose a cabo ya con la funcionaria apartada y que supuso la privatización de la sociedad al 95 por ciento.

El juez considera ahora que aquel expediente fue abierto «para evitar la actuación objetiva de la secretaria en relación con la venta de acciones de la empresa de aguas. Esta sentencia se suma a otra de 2010 que declaraba no conforme a derecho, nulo y sin efecto el acuerdo plenario del PP, que recurrió la decisión judicial y prolongó la suspensión de la funcionaria hasta 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó el fallo íntegramente.

Tocón solicitó ayer a Del Cid que, una vez conocida la sentencia, «pida perdón públicamente por el daño realizado a una funcionaria que realizó su trabajo en base a la ley, así como por el perjuicio económico que supondrá para todos los torremolinenses asumir esta sanción derivada del acoso que ellos ejercieron a esta empleada pública». Izquierda Unida también anunció que registrará una moción para solicitar el cese de Del Cid como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, entidad que preside. Por su parte, Del Cid asegura que ha solicitado acceder al expediente, «porque han pasado muchos años», antes de realizar una valoración sobre el asunto.

El Gobierno socialista también revisará, según fuentes municipales, el procedimiento de venta de acciones de la empresa mixta de aguas, operación a la que la funcionaria, que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, puso reparos.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos