La Protectora de Málaga solicitará crear una gestora en Parque Animal

Las instalaciones de Parque Animal, en Torremolinos, siguen funcionando como perrera./A. G.
Las instalaciones de Parque Animal, en Torremolinos, siguen funcionando como perrera. / A. G.

Animalistas reiteran al Ayuntamiento que rescinda los contratos que mantiene con la asociación presidida por Carmen Marín, en prisión

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las concesiones públicas que mantiene en Torremolinos la presidenta de la asociación Parque Animal, Carmen Marín, podrían tener los días contados. La Sociedad Protectora de Animales de Málaga solicitará al alcalde, José Ortiz, crear una gestora de la que salga una nueva junta directiva para reconducir la asociación con el objetivo de que eche a andar «con finales animalistas», alejada de Marín, en prisión por sacrificar a cientos de perros y gatos de forma injustificada y agónica hasta 2010, cuando fue detenida por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

La presidenta de la Protectora de Málaga, Carmen Manzano, considera «inexplicable» que Marín mantenga dos concesiones municipales en Torremolinos, sin que el Ayuntamiento se las haya retirado aún pese a su condena y posterior ingreso en la cárcel. Parque Animal aún es titular de los terrenos de la perrera, ahora explotada por una empresa, y de una caseta en el recinto ferial que funciona como bar durante todo el año y que, según denuncian exsocios de Parque Animal, permanece subarrendada a un particular por parte de Marín, algo que sería ilegal al tratarse de una concesión pública.

Manzano solicitó a comienzos de febrero una reunión con Ortiz. Desde Alcaldía la remitieron al concejal de Medio Ambiente, César Carrasco, con quien ha concertado una cita prevista esta semana. La propuesta trazada desde Málaga pretende que Torremolinos tenga por fin una protectora de animales, una reivindicación que se remonta décadas atrás. Marín pregonaba una falsa política de 'sacrificio cero', pero en realidad Parque Animal siempre funcionó como una perrera, con el agravante de los delitos de maltrato cometidos por su presidenta y uno de sus ayudantes, también condenado a prisión.

Manzano propone ahora que la gestora esté compuesta por miembros de las diversas asociaciones animalistas de Torremolinos y exsocios de Parque Animal. Algunos de estos exsocios, liderados por Ana Fernández, se presentaron como acusación particular en el juicio contra Marín, una iniciativa fundamental para esclarecer los hechos. La Protectora de Málaga se ofrecerá a guiar el procedimiento hasta que Torremolinos tenga una protectora propia. La falta de estas instalaciones provoca que quienes recogen perros o gatos callejeros se vean obligados a llevarlos a otros municipios cercanos.

Como denunció hace casi un año este periódico, Parque Animal sigue explotando terrenos públicos pese a que la condena a tres años y nueve meses de cárcel contra Marín fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga en diciembre de 2016. Aunque la perrera de Torremolinos está gestionada por la empresa Home Animals (antigua Canes) desde 2012, los terrenos municipales continúan a nombre de Parque Animal, a la que el Ayuntamiento cedió las instalaciones por un período de cincuenta años en 1998. Tanto los antiguos socios de esta falsa protectora como Costa del Sol Sí Puede, en la oposición, llevan meses reclamando la rescisión del acuerdo entre el Ayuntamiento y Parque Animal, además de la retirada de la concesión de la caseta del recinto ferial.

Servicios jurídicos

El PSOE, que gobierna en minoría, alega desde hace un año que la retirada de las concesiones «está siendo estudiada por los servicios jurídicos municipales». Numerosas asociaciones animalistas y exsocios de Parque Animal, sin embargo, acusan a Carrasco de «no mover un dedo» ante las reiteradas peticiones para que sean rescindidas todas las relaciones que el Ayuntamiento mantiene con Marín y su asociación. Parque Animal gestionó de forma directa la falsa protectora hasta 2010, cuando varios agentes del Seprona descubrieron, durante una inspección, congeladores con decenas de animales, algunos de ellos sin rigor mortis, y numerosos botes de producto eutanásico.

Ana Fernández, presidenta de la asociación de afectados que resultó clave durante el juicio, acusa a Ortiz de no haber recibido a los exsocios durante estos casi tres años de mandato «pese a la rentabilidad política que el PSOE sacó del asunto» en la anterior legislatura. Los socialistas tampoco han convocado aún la comisión de investigación aprobada en sesión plenaria en febrero del año pasado.

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