El Supremo ratifica la condena por tráfico de drogas a cinco policías locales de Mijas

Imagen de archivo de la detención de uno de los policías en 2009. /Sur
Imagen de archivo de la detención de uno de los policías en 2009. / Sur

El Alto Tribunal mantiene los 20 años de inhabilitación que la Audiencia impuso  a los agentes, que se hacían con alijos de narcos

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por tráfico de drogas que impuso la Audiencia de Málaga a los cinco policías locales de Mijas juzgados por apropiarse de los alijos de narcotraficantes y lucrarse con el estupefaciente, aprovechándose de su cargo para obtener información y usando coches oficiales y uniforme. Pese a ello, sí varían sensiblemente algunas penas. La sentencia de la Audiencia malagueña condenó a cinco años de cárcel al cabecilla y a cuatro años y medio al resto de los agentes, imponiéndoles además 20 años de inhabilitación a todos ellos.

Esta sentencia fue recurrida ante el Supremo, tribunal que en 2014 anuló una primera resolución judicial de la Audiencia Provincial de Málaga que absolvió inicialmente a estos policías al considerar inválidas las escuchas telefónicas que propiciaron su detención en 2009.

El juicio tuvo ser repetido y, esta vez, acabaron condenados por la Audiencia malagueña, cuyos magistrados explicaron que los agentes usaban sus coches oficiales de policía, provistos con sus uniformes reglamentarios, placas, armas e información obtenida por su trabajo y, cuando tenían conocimiento de un alijo, desembarco u operación de tráfico de drogas, «se presentaban en el momento oportuno exhibiendo el aparato policial del que disponían, lo que producía el lógico temor entre los traficantes, quienes huían de inmediato».

Esto hacía que los narcos abandonaran la sustancia estupefaciente, tras lo que se apoderaban de ella y la cargaban y transportaban en sus vehículos oficiales. Contaban con la garantía de que, si les pillaban en su actividad, podrían justificar su conducta como una intervención policial contra el tráfico de estupefacientes.

La participación del quinto agente, que estaba de baja laboral, era de informador de las operaciones que le proporcionaban sus contactos en el mundo del narcotráfico. El otro condenado es un particular, que fue penado por la Audiencia a cuatro años de cárcel y al que llamaron para esconder la droga en su domicilio a cambio de dinero. De hecho, en su vivienda se hallaron 162 kilos de hachís.

En su sentencia, la Audiencia reprochó la conducta de los policías. Así, calificó de «injustificable» que estos funcionarios públicos «cuya obligación como tales es servir, con lealtad y probidad, a los ciudadanos, a quienes tienen la obligación de proteger luchando contra la criminalidad, actúen como meros delincuentes y se dediquen a traficar con drogas, utilizando para ello el uniforme, las armas reglamentarias y los coches policiales». Añadió que «resulta desconcertante la impunidad con que actuaba el grupo que no se recataba en absoluto del nivel de vida que llevaba».

Acusación popular

La reprimenda también llegó por parte de la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Mijas, representado por el despacho de abogados Herrera y Ábalos. Fue el letrado Alfredo Herrera quien, durante el informe al final del juicio, reprochó la «corrupción policial», destacando la «alarma social» que provocan estas conductas. Pese a que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial fue recurrida ante el Supremo, el Alto Tribunal ha confirmado casi en su integridad esta resolución. Así, mantiene la pena de prisión e inhabilitación para los policías locales, así como las multas, salvo en uno de los casos.

La modificación es respecto al particular, que guardó en su casa hachís. En la resolución del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso este periódico, la condena por tráfico de drogas pasa de cuatro años de prisión a tres y medio. Tampoco tendrá que pagar la multa que le impuso la Sala.

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