El PP pide en Mijas una excepción para las viviendas no regularizadas debido al POT

I. GELIBTER

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, pidió esta pasada semana al Gobierno andaluz que se haga una excepción con todas aquellas viviendas que se iban a regularizar a raíz de la última modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y cuyo proceso ha quedado en suspenso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizara el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol.

Durante un encuentro con más de una veintena de vecinos de la zona de Alberquilla, ubicada en el municipio de Mijas, Navarro solicitó que mientras se da una solución «al caos normativo de la Junta de Andalucía en esta materia, que al menos esas viviendas que ya cumplían con la ley puedan quedar regularizadas lo antes posible». Asimismo, la 'popular' aseguró que en Mijas hay 4.000 familias que se ven afectadas por «la nefasta gestión urbanística» del PSOE de Andalucía.

«No pueden regularizar sus viviendas, lo que conlleva a que tampoco pueden regularizar el saneamiento o los servicios de luz y de agua, además de la consecuente falta de seguridad jurídica», sostuvo.

El origen de este problema, apuntó, «es el desastre de la gestión urbanística de la Junta», que se traduce en «una amalgama de normativas que se han ido sucediendo una tras otra, contradiciéndose entre sí y generando confusión». Además, considera que se generó mucha expectación hace un año y medio cuando la doceava modificación de la LOUA permitía la regularización de todas aquellas viviendas aisladas en suelo no urbanizable, «lo que en el caso de Mijas afectaba al 98 por ciento de las viviendas en situación de irregularidad», explicó la responsable política.

«El problema es que todo quedó en suspenso después de que el TSJA tumbara el POT de la Costa del Sol, lo que conllevó a la paralización de las tramitaciones relativas a las cuestiones urbanísticas», lamentó Navarro.

En conjunto, la secretaria general del PP en Málaga cifró en 50.000 las viviendas irregulares en el conjunto de la provincia. Por este motivo, estableci-ó que el problema «es mucho mayor». Además, resaltó que se alcanzan las 300.000 viviendas en el caso de la comunidad andaluza.

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