Parque Animal mantiene concesiones públicas pese a la condena a su presidenta

Parque Animal sigue explotando terrenos públicos. :: a. g.
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Parque Animal sigue explotando terrenos públicos. :: a. g.

El Ayuntamiento no ha retirado los permisos que Carmen Marín, en prisión, tiene sobre los terrenos de la protectora y una caseta en el recinto ferial

ALBERTO GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torremolinos sigue sin dar carpetazo al escándalo de Parque Animal, la falsa protectora cuya presidenta, Carmen Marín, permanece en prisión por el sacrificio agónico e injustificado de cientos de perros y gatos hasta 2010. Pese a la condena, que es firme desde hace meses, el Consistorio no ha retirado las concesiones que la asociación de Marín tiene sobre los terrenos de la protectora, ahora explotada por una empresa, y sobre una caseta en el recinto ferial que funciona como bar durante todo el año. El concejal de Medio Ambiente, César Carrasco (PSOE), alega que el asunto «está siendo estudiado por los servicios jurídicos municipales». Decenas de animalistas y exsocios de Parque Animal, sin embargo, acusan a los socialistas de «no mover un dedo» ante las reiteradas peticiones para que sean rescindidas todas las relaciones que el Ayuntamiento mantiene con Marín y su asociación.

Como denunció hace casi un año este periódico (ver publicación del 30/01/2017), Parque Animal sigue explotando terrenos públicos pese a que la condena a tres años y nueve meses de cárcel contra Marín fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga en diciembre de 2016. Aunque la protectora de Torremolinos está gestionada por la empresa Home Animals (antigua Canes) desde 2012, los terrenos municipales continúan a nombre de Parque Animal, a la que el Ayuntamiento cedió las instalaciones por un período de cincuenta años en 1998. Tanto los antiguos socios de esta falsa protectora como Costa del Sol Sí Puede, en la oposición, llevan meses reclamando la rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y Parque Animal, además de la retirada de la concesión administrativa de la caseta que tiene la asociación en el recinto ferial, explotada por el entorno de Marín y en la que trabaja, según fuentes consultadas, su antiguo ayudante, también condenado por maltrato animal.

Parque Animal gestionó de forma directa la falsa protectora hasta 2010, cuando varios agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) descubrieron, durante una inspección, congeladores con decenas de animales, algunos de ellos sin rigor mortis. En 2012, el Consistorio aprobó que Parque Animal cediera el derecho de superficie de parte de la finca La Pellejera a Canes por ocho años. Esta cesión también estuvo rodeada de sombras. La falta de un concurso público, un procedimiento que el entonces alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), aseguró que era «imposible» convocar por los derechos de Parque Animal sobre los terrenos y por la presunción de inocencia de su presidenta, provocaron las quejas de la oposición y de varios socios.

En el juicio, varios agentes de la Guardia Civil denunciaron «la falta de colaboración» del Ayuntamiento, por entonces gobernado por el PP, durante la investigación. El Seprona también reveló que el exconcejal de Medio Ambiente, Plácido González, «prohibió» a los técnicos municipales prestar declaración «pese a que ellos querían hacerlo». Durante una entrevista reciente, el fiscal del caso, Fernando Germán Benítez, aseguró que, en la sentencia, queda probado que Marín recibió un trato de favor por parte del Consistorio, que le facilitó los listados de incineraciones que luego fueron manipulados por la propia Marín, lo que constituyó un delito de falsedad documental.

La presidenta de la Asociación de Afectados por Parque Animal, Ana Fernández, colectivo que resultó clave durante el juicio, acusa al actual alcalde, José Ortiz, de no haber recibido a los exsocios durante estos dos años y medio de mandato «pese a la rentabilidad política que el PSOE sacó del asunto» en la anterior legislatura, y asegura que Carrasco «ha preferido mirar hacia otro lado pese a saber que la asociación mantiene las concesiones». El PSOE tampoco ha convocado aún la comisión de investigación aprobada en febrero de 2017.

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