Mijas comienza la auditoría para recepcionar cerca de 200 urbanizaciones

Juan Carlos Maldonado, Andrés Ruiz y José Carlos Martín, en la presentación. / I. G.

Ésta se divide en tres lotes en orden de antigüedad de forma que el estudio de las mismas concrete cuanto antes los costes para el municipio

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

Una de las propuestas 'estrella' de Ciudadanos en Mijas para esta legislatura -la recepción de las 200 urbanizaciones del municipio- está un paso más cerca de convertirse en realidad en los próximos meses, ya que el Ayuntamiento ya ha adjudicado a las empresas Cemosa e Ingenia, por un valor de 97.000 euros, las auditorías para poder ejecutar estas recepciones. Así lo anunciaron ayer el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, Andrés Ruiz y José Carlos Martín.

Tal como ya adelantara SUR hace unos meses, este año se puso en marcha el denominado 'Plan de recepción municipal de urbanizaciones', en el que se enmarca esta auditoría que se divide en tres lotes en orden de antigüedad, dividiendo el trabajo de forma que el estudio de las mismas se concrete cuanto antes y se desprendan los datos necesarios, «como la inversión que supondría finalizar las obras de urbanización y el coste que sería para las arcas municipales completar los servicios», sostuvo Maldonado.

El alcalde anunció que la adjudicación de la auditoría supone un ahorro del 50 por ciento respecto a su precio de licitación. A partir de ahora las empresas tienen tres meses para realizar el estudio donde tendrán que evaluar el estado de las infraestructuras además de cuáles faltan por ejecutar y su coste. «Esta división hace que el proceso sea más rápido por lo que para finales de diciembre tendremos el diagnóstico real de cómo se encuentran las urbanizaciones mijeñas para, de esta manera, poder trazar una hoja de ruta para su recepción», explicó Martín, que volvió a insistir en que el Ayuntamiento irá recepcionando según lo vaya permitiendo el presupuesto municipal.

Desde el equipo de gobierno destacan que el lote 1 se refiere a los sectores clasificados como urbanos en el PGOU de 1987, cuyo precio de auditoría asciende a 44.467 euros. El segundo tramo suma 26.010 euros y se ajusta a los sectores clasificados como urbanos en el PGOU de 1999. Finalmente, el tercer lote será el de los sectores clasificados como urbanizable en el PGOU 1999 y cuyo pecio se sitúa en 26.580 euros.

Por su parte, el edil de Urbanismo desgranó el «paraguas jurídico» que tienen que poner en marcha para proceder a la recepción, ya que a toda esta situación de infraestructuras hay que dotarla de la garantía urbanística y jurídica que permita que el proceso se lleve a cabo de manera correcta. Con la información de la auditoría, el Consistorio ya podría ir recepcionando bien por finalización de obras o por recepción tácita.

Ámbito de actuación

La auditoría afecta un ámbito de actuación de 8,8 kilómetros cuadrados de superficie entre viales y zonas de áreas libres. Por este motivo se ha divido por lotes el estudio dotándolo así «de una mayor eficacia». «Nuestro objetivo es que podamos ya en 2018 comenzar a recepcionar urbanizaciones, pero el número dependerá del estado que presente este análisis y del presupuesto municipal», añadió el responsable de Urbanismo, que aseguró que de esta manera se le va a poner «solución definitiva» a la situación de estos complejos urbanísticos. El objeto de estudio pivota sobre seis ejes fundamentales. Por un lado la descripción escrita y gráfica del estado actual de la urbanización; en segundo término la comparativa del estado actual de la urbanización con el planeamiento y obras de urbanización aprobadas. El tercer punto se basa en la valoración económica estimada de las obras de urbanización pendientes y el cuarto en los costes de mantenimiento anual de la urbanización separado por capítulos (alumbrado público, recogida de basura, limpieza viaria, asfaltado o acerados, entre otros). Además, el estudio señalará los principales aspectos del mantenimiento de las obras; así como la consulta a compañías suministradoras de servicios básicos.

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