La Junta concluye el proceso de liquidación del CIOMijas y desbloquea los atrasos de nóminas de casi 3 años

La Junta concluye el proceso de liquidación del CIOMijas y desbloquea los atrasos de nóminas de casi 3 años
SUR

Los trabajadores pasarán a formar del SAE a partir de mañana

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El proceso de liquidación del CIOMijas se ha dado por concluido esta mañana después de casi tres años de duración, y cuyos principales afectados han sido los cinco trabajadores que acumulan 36 nóminas sin cobrar. Juani, Elio, Manuel, Inés y Virginia pasarán por tanto a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo a partir de mañana. En cuanto a los cobros, está previsto que a lo largo de agosto cobren la nómina correspondiente a este mes, mientras que el resto de los atrasos se abonarán "antes de Navidades", probablemente entre septiembre y octubre.

Fuentes relacionadas con las administraciones señalaron el pasado viernes a SUR que, aunque no estaba convocado oficialmente, el Consejo Rector de este consorcio se celebraría este lunes, como así ha sido. El único punto del orden del día ha sido la liquidación definitiva del Consorcio, lo que automáticamente implica la integración a los cinco trabajadores del CIOMijas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El cambio de titular de la Consejería, según todas las fuentes consultadas, ha sido "clave" para que este proceso se haya acelerado, ya que, según señalan, el malagueño Javier Carnero "puso todos los recursos" para solucionar esta cuestión.

Esta acción, de momento, paralizaría la vía alternativa puesta en marcha por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, para abonar las nóminas antes de que se acabara el proceso de liquidación. Ésta consistía, como ya viene contando SUR desde hace casi dos meses, en ‘usar’ la sentencia en firme del TSJA que obliga a la Junta y el Ayuntamiento a hacer frente de manera subsidiaria al pago de una parte de las nóminas atrasadas de una las empleadas. Tomando como base esta sentencia, se podría aplicar al resto de trabajadores, lo que para García significaba la «percha jurídica» de la que se podría asir para ingresar el dinero en sus cuentas bancarias.

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