La jueza reclama por cuarta vez a Mijas los expedientes del 'caso Subastas'

El 'caso Subastas' ya afecta al exalcalde, Ángel Nozal, que se encuentra investigado en la causa. / I. G.

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, anuncia que pedirá una cita en el juzgado para averiguar la causa de estos retrasos de al menos seis meses

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

Los juzgados de Fuengirola están colapsados. Cualquier abogado que tenga asuntos pendientes confirma esta realidad, aunque en lo que concierne al 'caso Subastas' de Mijas, el problema viene por motivos bien distintos, ya que la causa no avanza debido a que los funcionarios del Ayuntamiento no están enviando la información en tiempo y forma.

Así lo confirma la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, que ha vuelto a requerir una serie de expedientes al Consistorio. Se trata, según ha confirmado este periódico, de al menos la cuarta vez que se pide la citada información que afecta a un caso que ya tiene como investigados, entre otros, al exalcalde y actual vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Ángel Nozal, y al jefe de Tesorería del Ayuntamiento mijeño.

Este auto, fechado a finales de julio y al que SUR ha tenido acceso, se suma a otros entregados en junio, otro en febrero, y otro a finales de 2016. En los primeros se pedía que se entregara la información, y en este último se notifica que los CD enviados por parte de los funcionarios están defectuosos, tal como ocurriera en junio.

Dada la situación, fuentes municipales confirmaron a SUR que el alcalde, Juan Carlos Maldonado, pedirá directamente una cita con la jueza para que le aclare cuáles son los motivos exactos de este retraso. Se trata, según estas fuentes, de discernir si podría haber algún tipo de negligencia por parte de estos empleados públicos, o si bien se trata de una serie de fallos.

Pese a este retraso en el envío de expedientes -del que habrá que determinar los motivos-, la investigación sobre este asunto dio un gran avance a finales del mes de marzo, afectando directamente al exalcalde, Ángel Nozal, ya que un larguísimo informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial afirmaba la existencia de supuestas «irregularidades» cometidas por Nozal en el marco de los procesos de subastas, una causa abierta desde hace año y medio y por la que el presidente del PP de Mijas se encuentra ya investigado.

En concreto, en dicho informe fechado el pasado 10 de marzo -al que ha tenido acceso este periódico- y que forma parte de la instrucción, la Guardia Civil destaca que en ciertos expedientes, el exalcalde (Nozal) y el exconcejal de Hacienda (Mario Bravo) del Ayuntamiento de Mijas «han participado de forma directa en la tramitación y resolución de algunos expedientes a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas».

«Parte interesada»

Tanto Nozal como Bravo ejercen esta labor profesional en la localidad, por lo que el informe insiste en que en estos procedimientos, «las citadas sociedades actúan como parte interesada, bien por haber gestionado la adjudicación de la finca en favor de la comunidad de propietarios, o bien por tener pendiente el cobro de las cuotas de comunidad».

La Guardia Civil, que consideraba en esta investigación que algunos hechos podrían ser constitutivos, «como mínimo, de un delito continuado de prevaricación», cree además que no había una «voluntad real de notificación» a los deudores implicados, muchos de los cuales solo tuvieron conocimiento de que sus inmuebles habían sido subastados varios meses después de las adjudicaciones.

El texto no solo hace referencia a estas cuestiones, sino que también apunta a la aceptación de alguna oferta por parte de la Mesa de Subasta «de forma improcedente, tanto por el momento como por la forma en que se llevan a cabo», y resalta que diversas adjudicaciones se ejecutaron «en favor de una misma persona física o jurídica». Este llamado caso de las 'subastas exprés' comenzó con una denuncia que de que el Ayuntamiento lleva más de un lustro entregando de forma irregular cientos de propiedades de particulares a un valor muy reducido tras el impago de sus dueños de algunos impuestos, y sin esperar al plazo establecido por si llegaba una oferta mejor.

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