Una jueza de Torremolinos investiga posibles irregularidades en varios contratos firmados en 2016

Una jueza de Torremolinos investiga posibles irregularidades en varios contratos firmados en 2016

El PP denuncia presuntos fraccionamientos de pagos que tendrían como objetivo eludir convocatorias públicas

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos ha abierto diligencias previas tras una denuncia presentada por el PP por presuntas irregularidades en varios contratos municipales de 2016 que presentaban reparos del interventor. La jueza investiga el posible fraccionamiento de un contrato firmado por el Ayuntamiento con el proveedor Indra Sistemas. Los populares aseguran que el PSOE, que gobierna en minoría, contrató con esta empresa más de 65.000 euros «fraccionándolos en cinco facturas de importes inferiores al contrato menor, eludiendo así el procedimiento de concurrencia abierta». En casos así, la Administración puede adjudicar servicios de forma directa cuando se trata de contratos menores, hasta un máximo de 18.000 euros, pero debe convocar concursos públicos cuando el importe del contrato supere esa cantidad.

El Consistorio contrató de urgencia con este proveedor los grupos semafóricos para una prueba previa a la peatonalización del centro. El PP considera que la urgencia no está justificada «porque hubiese bastado con demorar el corte de tráfico para que los semáforos hubiesen sido adquiridos respetando la ley». Los denunciantes detectan otra presunta irregularidad en la ampliación del contrato con Medios Acuáticos, un procedimiento que aseguran que fue «ocultado» al Área de Intervención. Cuando el interventor detectó esta ampliación, siempre según la denuncia, emitió una alerta en forma de reparo al pago. Desde el PP señalan que en este caso también se rebasa el límite que permiten los contratos sin publicidad «al sumar más de 84.000 euros la facturación, para cuya adjudicación se hubiese necesitado concurso público».

Las facturas están firmadas por el excoordinador de Seguridad y la entonces concejala de Tráfico, Maribel Tocón (PSOE), primera teniente de alcalde. La denuncia del PP por presunta prevaricación está dirigida contra ambos y contra el alcalde, José Ortiz, por firmar el decreto que posibilitó la prórroga del contrato con Medios Acuáticos, sin que de momento haya investigados por este caso.

En el auto, al que este periódico tuvo acceso, la jueza asegura que los hechos «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y cita a declarar como testigo al exinterventor del Ayuntamiento, que ahora ocupa el cargo de interventor en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Su declaración tendrá lugar en marzo.

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