El juez ordena el ingreso en prisión del ayudante de la falsa protectora

Carmen Marín y Felipe Barco, durante la primera jornada del juicio tras el que fueron condenados. :: a. g./
Carmen Marín y Felipe Barco, durante la primera jornada del juicio tras el que fueron condenados. :: a. g.

Felipe Barco, colaborador de Carmen Marín, se convertirá en la primera persona que ingresa en prisión exclusivamente por maltrato animal

ALBERTO GÓMEZ

La justicia continúa depurando responsabilidades por el caso de la falsa protectora de animales de Torremolinos. Felipe Barco, que trabajó en Parque Animal bajo las órdenes de Carmen Marín, entrará en prisión después de que el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga haya rechazado suspender la pena de un año de cárcel por un delito de maltrato animal. También la Fiscalía se opone a la suspensión solicitada por la defensa de Barco, condenado por colaborar con Marín en el sacrificio masivo e injustificado de perros y gatos al menos entre 2008 y 2010. Marín fue condenada por maltrato animal (un año de prisión) y falsedad documental (dos años y nueve meses) e ingresó en la cárcel en diciembre. Barco fue condenado a un año por maltrato animal y confiaba en que la pena no llegara a ejecutarse, pero la decisión del juez lo convierte en la primera persona que ingresará en la cárcel exclusivamente por un delito de maltrato animal en España, según apuntaron ayer diversas asociaciones animalistas que califican la condena de «histórica».

En su auto, el magistrado da un plazo de cinco días para que Barco entre en prisión de forma voluntaria «bajo apercibimiento de acordar su busca y captura» en caso de que no acate la resolución. Su representación legal tiene intención de presentar un recurso de apelación contra la negativa del juzgado a suspender la pena. Aunque resulta habitual que los condenados no ingresen en prisión cuando se trata de penas inferiores a dos años, la gravedad de los hechos y la excepcionalidad del caso podrían haber sido decisivos para que el juez deniegue la suspensión y ordene la ejecución de la sentencia.

La resolución tiene lugar después de que la Audiencia de Málaga confirmara la condena dictada por el juzgado contra Carmen Marín, presidenta de Parque Animal, a quien impuso tres años y nueve meses de prisión y una multa de 19.800 euros por los delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional. La Audiencia Provincial también ratificó la condena a Felipe Barco por maltrato animal e intrusismo profesional. La sentencia recoge los hechos declarados probados por el juzgado, que consideró que Marín era quien «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» con la colaboración de Barco. Para la Sala, los condenados, «ejerciendo actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico, aumentaron de una manera deliberada y consciente el sufrimiento de los animales a los que sacrificaban, defraudando la confianza de las personas que entregaron animales a la asociación con la esperanza de que les encontrarían un hogar».

Producto eutanásico

El Tribunal se remite a la resolución dictada por el juzgado al considerar que la entonces presidenta de la asociación, «con la cooperación» de su ayudante, «causó intencionadamente la muerte de un número indeterminado de animales domésticos por el procedimiento de aplicar de propia mano» un producto eutanásico por vía intramuscular «a una menor dosis de la eutanásica, prolongando de esta forma la agonía de los animales». Durante el juicio, varios guardias civiles confirmaron haber visto, durante una inspección realizada con motivo de la denuncia de otro trabajador, perros y gatos que habían sido «congelados vivos», además de varios cadáveres en los contenedores. Los agentes recordaron ayer que, durante la primera inspección, encontraron 20 envases del producto eutanásico dolethal y un albarán en el que figuraba la compra de 24 de estos botes: «Llamaba la atención que fueran tantos». La falsa protectora presidida por Marín, que durante años predicó una política de 'sacrificio cero', alegaba que el alto número de muertes se debía a un brote de parvovirosis.

Pese a las condenas, el Ayuntamiento de Torremolinos no ha retirado las concesiones que la asociación de Marín tiene sobre los terrenos de la protectora, ahora explotada por una empresa, y sobre una caseta en el recinto ferial que funciona como bar durante todo el año y donde, según fuentes consultadas por este periódico, trabajaba el propio Felipe Barco. El Consistorio tampoco ha puesto en marcha la comisión de investigación del caso aprobada hace un año.

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