Un juez desestima las medidas cautelares solicitadas por Del Cid por vía urgente

Del Cid, durante el pleno en el que se acordó su cese. :: sur/
Del Cid, durante el pleno en el que se acordó su cese. :: sur

La portavoz del PP pide que se anule el acuerdo plenario de su destitución como miembro de la Mancomunidad hasta que haya una sentencia

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga ha desestimado las medidas cautelares urgentes solicitadas por Margarita del Cid (PP) para anular el acuerdo plenario que la destituyó como representante del Ayuntamiento de Torremolinos en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, institución que preside. El juez, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, considera que, en la denuncia interpuesta por la portavoz del PP, no se justifican las razones de especial urgencia reclamadas, por lo que el procedimiento seguiré el trámite ordinario.

Del Cid presentó el 4 de abril un recurso por la vía contenciosa administrativa para anular los acuerdos adoptados por el pleno del 22 de marzo, que revocaron el nombramiento de la líder del PP local como miembro de la Mancomunidad. El juez admitió a trámite la denuncia una semana después, aunque no ha estimado las medidas cautelares urgentes reclamas por Del Cid. El juzgado debe ahora decidir si aplica medidas cautelares ordinarias en función de los indicios que detecte sobre una posible vulneración de derechos fundamentales, como denuncia Del Cid.

La secretaria municipal considera que el procedimiento de destitución es nulo de pleno derecho porque la vía de urgencia por la que el concejal no adscrito Juan Machío presentó la moción de cese debía haber sido aprobada con mayoría absoluta (13 votos en el caso de Torremolinos, con 25 concejales) y sin embargo salió adelante con un empate de 12 votos (el PP y Ciudadanos se opusieron) y el voto de calidad del alcalde, José Ortiz (PSOE). El informe no anula el acuerdo plenario, pero supone un respaldo para Del Cid en la batalla judicial que ha iniciado tanto por vía administrativa como por vía penal por presunta prevaricación. Los socialistas han anunciado que solicitarán nuevos informes jurídicos y, en caso de que sea necesario, convocarán un pleno extraordinario para adoptar un acuerdo en función de todas las opiniones legales recabadas.

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