Intervención detecta que Fuengirola no cobró 800.000 euros de convenios

Un informe del interventor revela un nuevo caso de derechos pendientes de cobro en Fuengirola. /A. G.
Un informe del interventor revela un nuevo caso de derechos pendientes de cobro en Fuengirola. / A. G.

El Gobierno local alega que estos importes fueron «compensados» con obras públicas y Ciudadanos acusa al PP de adjudicar contratos «a dedo»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las cuentas generales del Ayuntamiento de Fuengirola en 2016 podrían traer cola. Las alegaciones presentadas por Ciudadanos, en la oposición, han provocado que el Área de Intervención emita un informe que revela que el Consistorio nunca cobró cientos de miles de euros que le correspondían por la firma de tres convenios urbanísticos que se remontan años atrás. Estos importes fueron liquidados, según el Gobierno local, mediante la ejecución de obras públicas, compensaciones que el interventor no ha podido verificar en la mayoría de los casos y que supondrían que el Ayuntamiento adjudicó obras de forma directa a promotoras que tenían una deuda con las arcas municipales. En concreto, el informe hace referencia a tres convenios por los que el Consistorio dejó de cobrar cerca de 800.000 euros.

Las empresas con las que el Consistorio firmó los convenios compraron solares públicos por los que deberían haber pagado. Estos derechos de cobro, sin embargo, fueron liquidados mediante la ejecución de diferentes obras, según alega el arquitecto municipal. En Intervención, sin embargo, «no consta factura o certificación alguna» por la realización de estas obras, por lo que el habilitado nacional no ha podido verificar la equivalencia de los trabajos con el importe adeudado. Se trata de tres convenios de 162.273, 371.440 y 264.407 euros. Desde el Gobierno local del PP aseguran que los convenios datan de los años 1996, 1999 y 2001 «y todos ellos han sido completamente satisfechos mediante la realización de obras públicas por valor igual o mayor al de la contraprestación pactada, siendo en aquellos años esta forma de cumplimiento válida».

El interventor concluye que las adjudicaciones deberían haber salido a licitación pública con un procedimiento abierto

El interventor recuerda en su informe que, aunque las obras fueran llevadas a cabo antes de junio del año 2000, cuando entró en vigor la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya había una norma precedente que establecía el mismo límite máximo para los contratos menores de obras: cinco millones de pesetas, equivalentes a unos 30.000 euros. Como las obras por las que se compensaron las deudas tenían un valor mayor, Intervención concluye que los trabajos deberían haberse sacado a licitación pública mediante un procedimiento abierto.

En el Ayuntamiento, como relata el interventor en su informe, no consta que se hayan tramitado expedientes de contratación para la adjudicación de estas obras, una situación que ha provocado que Ciudadanos hable de «adjudicaciones a dedo de obras públicas» y de «incumplimientos legales». El portavoz de la formación naranja, Javier Toro, afirma que su grupo municipal ha solicitado por escrito las valoraciones y registros contables de estos convenios urbanísticos «y el equipo de Gobierno únicamente ha facilitado el informe del arquitecto municipal, un informe que no refiere ninguna cuantificación económica, ni el importe de cada convenio, además de no aclarar si existe justificación de las supuestas obras realizadas».

Ante el convenio más abultado, con unos derechos reconocidos de cobro al Consistorio por valor de 371.440 euros, el arquitecto municipal alega que esta cantidad «fue aplazada según unos hitos determinados, y finalmente cumplimentadas». El interventor destaca que se desconoce quién suscribe estos «hitos» ni cuáles fueron, por lo que «resulta imposible pronunciarse sobre la efectiva recaudación (o, en su caso, compensación) del importe de dichos derechos. Respecto al tercer convenio sí consta la presentación de una certificación correspondiente a obras de pavimentación y acerado en la barriada el Boquetillo por importe de 105.115 euros. La deuda por este convenio, sin embargo, ascendía a 264.407 euros.

El Ejecutivo que preside Ana Mula sostiene que «desde hace años ya no se aceptan por el Ayuntamiento contraprestaciones de obras por entender que la actual interpretación de la ley no permite esta forma de cumplimiento» y acusa a Ciudadanos de «polemizar sobre un tema puramente técnico, sin trascendencia real». Todos los convenios mencionados en el informe de Intervención fueron firmados bajo anteriores equipos de Gobierno del PP, con Esperanza Oña como alcaldesa.

En septiembre, Intervención ya alertó en otro informe de que el Ayuntamiento acumuló entre 1992 y 2016 más de 31 millones de euros de derechos pendientes de cobro por licencias urbanísticas, ventas de solares, convenios, cuotas de urbanizaciones e impuestos como circulación o IBI. Desde el Consistorio, sin embargo, afirman estar «más que satisfechos» con la labor del Área de Recaudación, dependiente de Tesorería.

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