Ingresa en prisión la presidenta de la falsa protectora condenada por maltrato

Marín, a su salida del juicio, cuando fue increpada por varias animalistas. :: a. g./
Marín, a su salida del juicio, cuando fue increpada por varias animalistas. :: a. g.

Carmen Marín permanece en una cárcel madrileña pese a los intentos de su defensa de solicitar la suspensión de la pena y un indulto a Justicia

ALBERTO GÓMEZ

La presidenta de la falsa protectora de Torremolinos, Carmen Marín, condenada a tres años y nueve meses de cárcel por delitos de maltrato animal y falsedad documental, ingresó la semana pasada en la cárcel para cumplir la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga. El ingreso se produjo el jueves pasado, después de que, tras varios intentos, se le notificara el auto por el que el juez le daba cinco días para entrar voluntariamente en prisión bajo advertencia de lanzar una orden de búsqueda y captura. Marín ingresó en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent de Madrid y desde allí fue trasladada a una cárcel madrileña. Su defensa ha presentado, hasta ahora sin éxito, una solicitud de indulto al Ministerio de Justicia y varios informes médicos alegando diversas patologías físicas y psicológicas para pedir la suspensión de la pena.

La Audiencia Provincial de Málaga ratificó en octubre la sentencia del Juzgado de lo Penal número 14, que consideró probado que Marín «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» para llevar a cabo sacrificios «masivos e injustificados» de perros y gatos, una práctica con fines lucrativos (así despejaba las instalaciones de Parque Animal, como se denominaba la falsa protectora, para seguir recogiendo animales y cobrando por ello). Esta actividad se prolongó hasta que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la detuvieron en 2010. Marín realizaba los sacrificios «sin control veterinario alguno», a través de la inyección de producto eutanásico «sin sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales. El uso de menos producto eutanásico del preceptivo respondía al interés de la condenada en ahorrar costes.

La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al considerar que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el Ministerio Fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar nuevos animales, cobrando por ello». El fiscal de Medio Ambiente de Málaga considera probado que existió «un trato de favor» por parte del Ayuntamiento de Torremolinos, que le facilitó los listados de incineraciones para que pudiera modificarlos.

Marín, condenada a casi cuatro años, también está siendo investigada por presunta estafa

La Audiencia Provincial ratificó la pena máxima permitida entonces por la ley española por un delito de maltrato animal (un año de prisión). La condena de Marín podría aumentar, ya que está siendo investigada por un presunto delito de estafa tras ser acusada de utilizar dinero de la asociación Parque Animal para pagar gastos personales y familiares.

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