Entra en prisión la presidenta de la falsa protectora de Torremolinos condenada por maltrato

Entra en prisión la presidenta de la falsa protectora de Torremolinos condenada por maltrato

Carmen Marín permanece en una cárcel madrileña desde la semana pasada pese a solicitar un indulto y la suspensión de la pena

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La presidenta de la falsa protectora de Torremolinos, Carmen Marín, condenada a tres años y nueve meses de cárcel por maltrato animal y falsedad documental, ingresó la semana pasada en la cárcel para cumplir la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga. Marín, a quien el juez dio cinco días para entrar en la cárcel bajo advertencia de lanzar una orden de búsqueda y captura, ingresó de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent de Madrid tras recibir la notificación. Desde allí fue trasladada a una cárcel madrileña. Su defensa ha presentado, hasta ahora sin éxito, una solicitud de indulto al Ministerio de Justicia y varios informes médicos alegando problemas físicos y psicológicos para pedir la suspensión de la pena.

La Audiencia Provincial ratificó en octubre la sentencia del Juzgado de lo Penal, que consideró probado que Marín «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» para llevar a cabo sacrificios «masivos e injustificados» de cientos de perros y gatos, una práctica con fines lucrativos (así despejaba las instalaciones de Parque Animal para seguir recogiendo animales y cobrando por ello) que se prolongó hasta que agentes del Seprona la detuvieron en 2010. Marín realizaba los sacrificios «sin control veterinario alguno», a través de la inyección de producto eutanásico «sin sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales.

La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al considerar que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el Ministerio Fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello». El fiscal de Medio Ambiente de Málaga considera probado que existió «un trato de favor» por parte del Ayuntamiento de Torremolinos, que le facilitó los listados de incineraciones para que pudiera modificarlos.

La Audiencia Provincial ratificó la pena máxima permitida entonces por la ley española por un delito de maltrato animal (un año de prisión). Este punto fue el más impactante de la sentencia dictada en enero por el Juzgado de lo Penal número 14, que expuso que «sería deseable» la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena «en uno o dos grados» cuando los hechos revistieran extrema gravedad. Esta reforma «permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado».

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