Un informe municipal declara nulo el acuerdo del 'caso Senda del Pilar' de Torremolinos

Vecinos reclaman la reparcelación de la zona tras un fallido proyecto urbanístico aprobado en 2005. /SUR
Vecinos reclaman la reparcelación de la zona tras un fallido proyecto urbanístico aprobado en 2005. / SUR

El Ayuntamiento da la razón a una treintena de familias que solicitan la reparcelación de la zona tras denunciar ser víctimas de un pelotazo urbanístico

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Un informe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos respalda la anulación del acuerdo del plan parcial del fallido macroproyecto urbanístico de la Senda del Pilar. El documento resuelve que la aprobación de este plan por parte del Consistorio «prescindió del procedimiento legalmente establecido» en puntos clave como la solicitud y emisión de informes preceptivos de otras administraciones cuyas competencias resultaban afectadas. Los efectos de este malogrado proyecto colean desde hace más de una década. Cerca de una treintena de familias reclaman una nueva parcelación de este terreno, donde se anunció la construcción de un campo de golf, un club social y un hotel como parte de un ambicioso plan del que nunca llegó a colocarse una sola piedra pero cuya promoción permitió revalorizar la zona.

El informe municipal reconoce que el derecho de propiedad, susceptible de amparo constitucional, quedó lesionado mediante esta actuación, que contempló la inclusión de suelo no urbanizable en el plan parcial, también de forma irregular según el documento. El análisis de los técnicos refuerza las demandas de los vecinos, por lo general familias propietarias del 16 por ciento de la superficie total del sector que tuvieron que ceder más de la mitad de sus terrenos para la puesta en marcha del proyecto debido a un acuerdo de la junta de compensación, donde tres sociedades poseían más del 50 por ciento de la zona. Estos propietarios mayoritarios vendieron luego sus terrenos a entidades bancarias, atraídas por el anuncio del plan de urbanización que en la práctica nunca llegó a ejecutarse.

Tras las denuncias vecinales, desoídas durante años, el Ayuntamiento elevó el caso al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que solicitó la elaboración de un expediente municipal que revisase el proceso de reparcelación. La concejala de Urbanismo, Maribel Tocón, se muestra convencida de que el caso obedece a un «pelotazo urbanístico» que no se llevó a cabo «porque solo buscaba la especulación del suelo de este sector». Tocón calcula que «este entuerto» ha podido acarrear a las arcas públicas un coste superior a los diez millones de euros. Los representantes de las familias afectadas acudirán la próxima semana al Ayuntamiento para ser informados sobre los avances del caso, confiados en que «se ponga fin a este problema urbanístico que tantos perjuicios nos está generando».

Reapertura del caso

El Ayuntamiento aprobó el año pasado por unanimidad en sesión plenaria la reapertura de este caso. Tocón acusa al anterior Gobierno local del PP de haber ignorado «las labores de control y fiscalización que le correspondían». La concejala de Urbanismo recuerda que los vecinos «se sienten engañados y estafados porque llevan años pagando unas cargas económicas que son fruto de una especulación urbanística salvaje que recuerda a casos tan cercanos y vergonzosos como Malaya o la Operación Troya». La concejala de Ciudadanos, Ángeles Vergara, que registró la moción para que el caso fuera revisado de oficio, acusa al anterior Ejecutivo presidido por Pedro Fernández Montes de «dejación de funciones» y coincide en afirmar que el Ayuntamiento «se puso de perfil ante la tramitación de las alegaciones de los afectados, provocando una situación de indefensión».

El líder de Costa del Sol Sí Puede, José Piña, sostiene que un entramado societario «compró por la mañana al Ayuntamiento el metro cuadrado por 653 euros y lo vendió por la tarde a una gran empresa por 1.600 euros, un pelotazo con el que se pensó más en los amigotes que en los vecinos».

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó en 2016 el decreto de Alcaldía con que Fernández Montes aprobó el mencionado proyecto de urbanización en 2005. En su fallo, la Sala anula y deja sin efecto la resolución del exregidor y destaca que Alcaldía no tenía competencias para aprobar el proyecto. El expediente municipal será ahora remitido al Consejo Consultivo de Andalucía.

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