El Gobierno, obligado a inyectar dos millones para pagar salarios en Torremolinos

La falta de liquidez de dos empresas públicas fuerza al Ayuntamiento a modificar el presupuesto para abonar los sueldos de los trabajadores

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La falta de liquidez de dos empresas municipales forzó ayer al Ayuntamiento de Torremolinos a aprobar una modificación de crédito de dos millones de euros para hacer frente a las nóminas de los trabajadores. La concejala de Economía, Maribel Tocón (PSOE), destinará partidas presupuestarias «que no iban a utilizarse» al pago de los salarios. En concreto, el Consistorio desviará más de 400.000 euros de una consignación del Palacio de Congresos que aparecía duplicada «por un error» en las cuentas municipales, 90.000 euros de la integración en el consorcio de transportes, 300.000 euros de la remodelación del centro urbano y 1,2 millones de euros procedentes de las subvenciones al IBI.

Las empresas públicas Sociedad Anónima Municipal de Servicios (Samset) y Aseo y Limpieza Municipales (Aselimsa) han agotado su presupuesto anual dos meses antes de que acabe el año. La modificación de crédito permitirá pagar los salarios a sus trabajadores, pero se desconoce cómo ambas sociedades pagarán las facturas de sus proveedores y el resto de gastos hasta el próximo ejercicio, una situación que Tocón achaca «a la mala gestión y previsión» de las empresas. La portavoz del PSOE asegura que se «depurarán responsabilidades». Los dos millones inyectados por el Ayuntamiento iban a ser destinados al pago de la deuda municipal, superior a los 180 millones.

La situación ha sido duramente criticada por el PP, en la oposición. Su portavoz, Margarita del Cid, recuerda que el Gobierno socialista es responsable de las empresas municipales, cuyo edil delegado es Jesús Díaz. Del Cid tacha de «bochornosa y cutre» la gestión del Ejecutivo local y reprocha al PSOE haber desatendido «los reiterados avisos» del grupo municipal popular, que en sus alegaciones al presupuesto manifestaba «que no había dinero suficiente para las empresas municipales». La anulación de estas alegaciones, «tramitadas cinco minutos antes del pleno» donde se aprobó el presupuesto, ha sido denunciada por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.

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