Fuengirola recurre a su fondo de contingencia para pagar una multa

La multa procede de retrasos en los pagos en las obras del edificio del Ayuntamiento./I. G.
La multa procede de retrasos en los pagos en las obras del edificio del Ayuntamiento. / I. G.

Sacan 1,9 millones de este y otros caudales para hacer frente a la sentencia judicial que condenaba al Consistorio por abonar tarde unas obras

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El Ayuntamiento de Fuengirola ha tenido que recurrir a su fondo de contingencia para hacer frente a una multa procedente de una condena judicial por retrasos en los impagos de la obra del propio Consistorio. La cantidad devengada de este fondo asciende a 1,8 millones de euros, mientras que los otros 150.000 restantes (la multa total ascendía a 1.950.000 euros) se han sacado de otro fondo, en este caso dedicado a familias e instituciones. Estas transferencias, además, ya se habrían realizado, ya que la propia alcaldesa de la localidad, Ana Mula, dio cuenta de ello en el pleno del pasado 23 de agosto.

La sentencia fue dictada en las pasadas semanas por la Sección 3 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga, que de esta manera resolvió de la misma forma que lo hizo el año pasado, condenando al Ayuntamiento por también haberse retrasado en el abono de las obras del Polideportivo Elola, aunque en ese caso la cantidad era superior, de 6,5 millones.

Dicha sentencia viene de otra anterior, en la que un juzgado había desestimado la demanda de la empresa contratada para estas actuaciones. Tal como reza el texto que SUR adelantó hace unos meses, el Juzgado estimó «íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto, condenando al Ayuntamiento de Fuengirola a abonar a la actora la suma de 1.711.980,96 así como los intereses legales desde la interpelación judicial», hasta los dos millones antes mencionados.

Esta condena es prácticamente similar a la del año pasado. Entonces, la empresa que construyó entre 2005 y 2008 el complejo sociodeportivo público Elola –una de las obras de mayor envergadura de la provincia, con una inversión de 20 millones de euros por parte del Ayuntamiento– endosó a los bancos el cobro de las certificaciones de obra, para obtener liquidez ante el retraso en los pagos por parte del Consistorio.

Las entidades bancarias se acogieron posteriormente al Plan de Pago a Proveedores que lanzó el Gobierno central del Partido Popular para que las empresas pudieran cobrar las obras impagadas por los ayuntamientos. Sin embargo, la empresa planteó un contencioso administrativo para cobrar los intereses devengados por el retraso en el pago de dichas certificaciones.

Un procedimiento «normal»

Pese a que tanto las multas como el recurso del fondo de contingencia ha levantado las críticas de la oposición, desde el equipo de gobierno lo relativizan. Según fuentes oficiales consultadas, el uso de este fondo es un procedimiento «absolutamente normal», y la operación, de la que se dio cuenta en el pleno, «dispone de los informes favorables del servicio de Intervención Municipal».

En cuanto al fondo de familias e instituciones, desde el gobierno sostienen que éste recoge una cifra muy superior a la que luego realmente se emplea, por lo que a finales de año suele quedar una cantidad importante sin utilizar. «En estos días se ha realizado una estimación y con toda seguridad ese dinero no se iba a necesitar para esa finalidad, quedando cubiertas todas las ayudas a los vecinos», añaden.

En cuanto a las críticas de partidos como Ciudadanos, que calificó esta gestión como «nefasta y catastrófica, desde el equipo de gobierno se muestran «sorprendidos» de que se realicen críticas a esta operación, máxime cuando «no se hizo referencia alguna y no se mostró ningún tipo de interés» en la sesión plenaria.

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