La Fiscalía solicita el ingreso inmediato en prisión de la presidenta de Parque Animal de Torremolinos

La presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos Carmen Marín, durante el juicio. /EFE
La presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos Carmen Marín, durante el juicio. / EFE

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La Fiscalía de Málaga solicitó ayer la ejecución de la pena de tres años y nueve meses de prisión impuesta a la presidenta de la antigua protectora de animales de Torremolinos, Carmen Marín, por el sacrificio «masivo» de perros y gatos. El ministerio público recuerda que la sentencia es firma desde su reciente ratificación por la Audiencia Provincial. El fiscal que ha llevado el caso considera que las penas de prisión impuestas no son susceptibles de suspensión ni ordinaria ni extraordinaria, por lo que estima que hay que ejecutar la condena impuesta «sin más dilación».

El fiscal insta a que se requiera a Marín para que entre en la cárcel de forma voluntaria en un tiempo breve que el magistrado estime oportuno, apuntando a que se ordene su busca e ingreso en prisión si no lo hace en el plazo concedido. La presidenta de Parque Animal fue condenada por los delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga en una sentencia histórica que ya es firme. La Audiencia acepta los hechos declarados probados por el juzgado, que consideró que la acusada era quien «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» con la colaboración de un trabajador, que también fue condenado por maltrato e intrusismo profesional a un año de cárcel y multa. Ambos realizaron sacrificios desde al menos principios de 2008 y hasta octubre de 2010.

La Sala apunta que los condenados, «ejerciendo actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico, aumentaron de una manera deliberada y consciente el sufrimiento de los animales a los que sacrificaban, defraudando la confianza de las personas que se los entregaron con la esperanza de que les encontrarían un hogar». El Tribunal considera que Marín «causó intencionadamente la muerte de un número indeterminado de animales domésticos» usando menos dosis de producto eutanásico del recomendado para ahorrar costes.

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