La Fiscalía acusa de estafa a la presidenta de la falsa protectora de Torremolinos

Carmen Marín, a su salida del juicio por el que fue condenada
Carmen Marín, a su salida del juicio por el que fue condenada / AG

Tras ser condenada a prisión por el sacrificio de cientos de perros y gatos, Carmen Marín se enfrenta a la causa económica del caso

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El caso de Parque Animal, la falsa protectora de Torremolinos que sacrificó de forma injustificada y cruel a cientos de perros y gatos, continúa su periplo judicial. A la sentencia del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, que condenó a su presidenta, Carmen Marín, a casi cuatro años de prisión por falsedad documental y maltrato animal, se suma la causa por presuntos delitos económicos. La Fiscalía solicita que Marín también sea acusada de estafar a los socios y particulares que, confiando en una simulada política de sacrificio cero que predicaba la asociación, entregaban animales en la protectora mediante el pago de diferentes cantidades de dinero para procurar su atención y adopción. La protectora, sin embargo, sacrificaba a la mayoría de estos animales poco después de recibirlos.

Estos hechos podrían suponer un delito de estafa, según la fiscal. El ministerio público impugna también la petición de sobreseimiento de la causa por parte de la defensa de Marín. El procedimiento económico permanece en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, que en diciembre dio por finalizada la investigación considerando que quedaba acreditado, según los indicios recabados, que Marín y sus dos hijas utilizaron los fondos de la protectora para pagar gastos personales, como 104.382 euros en unos grandes almacenes, además de la reforma de la clínica estética de una de las hijas, viajes y estancias en hoteles de lujo de varios países, clases de autoescuela, cargos por cheques, compra de vehículos y comidas y cenas en restaurantes. Por esta causa la jueza considera que Marín podría haber cometido estafa y apropiación indebida. Una de sus hijas está acusada de presunto blanqueo de capitales y la otra concurrirá en calidad de presunta responsable civil por los importes recibidos «en su condición de partícipe a título lucrativo».

La cantidad acreditada hasta ahora asciende a casi 380.000 euros. Parte de este dinero, supuestamente utilizado para pagar gastos de Marín y su familia, procede de las subvenciones que el Ayuntamiento de Torremolinos concedía a la asociación por los servicios prestados en la localidad. El Consistorio acaba de personarse como acusación en el caso, aunque la gestión del Gobierno municipal arroja más sombras que luces. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que detuvo a Marín en diciembre de 2010, aseguró durante el juicio que el exconcejal de Medio Ambiente, Plácido González (PP), «prohibió» a los técnicos municipales prestar declaración «pese a que ellos querían hacerlo» cuando se investigaba la manipulación de los listados de incineraciones entregados al Ayuntamiento, modificaciones por las que Marín acabó siendo condenada por un delito de falsedad documental.

Listados manipulados

La Guardia Civil ratificó ante el juez de lo Penal número 14 de Málaga que el Consistorio había devuelto estos listados a Marín para facilitar su manipulación. Pese a que el exalcalde, Pedro Fernández Montes, siempre ha defendido que la actuación del Ayuntamiento había sido «intachable», los agentes que se ocuparon del caso afirman que la colaboración del entonces Gobierno municipal había sido «nula» y que Marín recibió la concesión para la recogida y traslado de animales mediante un decreto de Alcaldía «que no cumplía con el pliego de condiciones».

Tampoco la gestión del caso por parte del actual Gobierno local satisface a la Asociación de Afectados por Parque Animal, cuya acusación ha resultado clave durante el procedimiento. Su presidenta, Ana Fernández, tacha de «paripé» la personación del Ayuntamiento en el caso y considera «inexplicable» que Carmen Marín mantenga las concesiones de parte de la finca La Pellejera, donde se levanta la perrera de Torremolinos, y de una caseta municipal en el recinto ferial. Ambas propiedades «están subarrendadas, bajo el disfraz de una cesión, y siguen generando dinero para Marín» pese a que las cuentas de Parque Animal están embargadas. Fernández solicita desde hace años la retirada de estas concesiones y el cierre cautelar de la perrera, gestionada por una empresa a la que Marín cedió («subarrendó», según la acusación) el terreno. Desde la asociación también recuerdan que el actual alcalde, José Ortiz (PSOE), «aún no nos ha recibido» desde que pidieron una reunión en 2015.

El 17 de enero de este año, la asociación de afectados solicitó por escrito la licencia municipal de clínica veterinaria de Canes, adjudicataria del servicio tras una cesión realizada en 2012 por parte de Marín sin concurso público. Dos semanas después de que la asociación registrara el escrito, el 1 febrero de este año, la entonces concejala de Medio Ambiente, Maribel Tocón (PSOE), firmó una resolución para inscribir a esta empresa en el registro municipal de centros veterinarios de Torremolinos: «Es mucha casualidad que días después de que pidamos la licencia se le inscriba en el registro. La gestión está siendo infame, sin transparencia».

Críticas de asociaciones

Tocón se hizo cargo de Medio Ambiente en la reconfiguración de gobierno realizada por Ortiz en septiembre del año pasado, entre las duras críticas de las asociaciones de animales por la gestión de la perrera municipal y de los colectivos ecologistas por la dejadez en la limpieza de las zonas verdes de la localidad. Meses después, sin que fuera anunciado, César Carrasco, extitular de la delegación, recuperó la concejalía ante la sobrecarga asumida por Tocón, responsable de Economía, Urbanismo y Playas, además de otra decena de áreas. En una carta remitida en julio de 2015 a Carrasco, la asociación de afectados ya reclamaba el contrato, los listados de incineraciones y diversa documentación relacionada con Parque Animal y Canes.

El arrendamiento de la caseta del recinto ferial que el Ayuntamiento cedió a la protectora mediante un contrato de concesión de cincuenta años que finaliza en 2047 también forma parte de la causa económica del caso. La jueza considera que podría haberse cometido un delito de estafa y recuerda que existen pagos acreditados en concepto del alquiler de esta caseta, cuyo arrendamiento a terceros está prohibido. En concreto, existen 59 pagos en efectivo por el alquiler de este terreno público, cedido a Parque Animal por ser una entidad teóricamente sin ánimo de lucro.

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