El fiscal pide declarar el 'caso Subastas' como «procedimiento complejo»

En el ‘caso Subastas’ se encuentra investigado el exalcalde Nozal, y el jefe de Tesorería/I. G.
En el ‘caso Subastas’ se encuentra investigado el exalcalde Nozal, y el jefe de Tesorería / I. G.

Asegura que en este caso sobre adjudicaciones en el Ayuntamiento existen «numerosos hechos punibles» que involucran «a gran cantidad de investigados y víctimas»

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El fiscal encargado del llamado ‘caso Subastas’ que afecta al procedimiento de adjudicaciones del Consistorio de Mijas (y por el que ya se encuentran investigados el exalcalde Ángel Nozal o el jefe de Tesorería, entre otros), ha pedido al juzgado que declare el caso como causa compleja». Así lo manifiesta en un escrito al que ha tenido acceso este periódico fechado el pasado 19 de septiembre, y que tiene como destinatario el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola. La Fiscalía pide de esta manera al juez que aplique el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que permitiría ampliar la fase de instrucción de la citada causa.

Para ello, el fiscal esgrime una serie de motivaciones:«numerosos hechos punibles»; que involucre a «gran cantidad de investigados o víctimas; que exista la realización de pericias «o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis». Por último, argumenta que se precisa la revisión «de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas».

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, que se encuentra personado en la causa, manifestó ayer que la declaración de causa compleja tiene una extraordinaria gravedad. «El caso es complejo e implica presuntamente a numerosas personas que lograron hacer de Mijas su Dorado particular», apuntó. «Después de conocer el informe de la Guardia Civil en el que se señala presuntamente al máximo dirigente del PP de Mijas, Ángel Nozal, al tesorero del Ayuntamiento, a Mario Bravo también del PP, de promover una Comisión de Investigación de la que fui nombrado Presidente y que sigue haciendo su trabajo que es facilitar a la Cámara de Cuentas del Parlamento de Andalucía, toda la documentación referida a este caso no puedo sino asombrarme y extrañarme por el tiempo que lleva este caso en los juzgados», sostuvo. Asimismo, criticó una vez más que el juez haya tenido que dirigir al Ayuntamiento en varias ocasiones la documentación que «siempre le llega o incompleta o no le llega».

«Espero que pronto se acabe la instrucción y podamos arrojar luz de una vez por todas sobre este truculento y turbio asunto que nunca debería de haberse producido», sentenció.

El informe al que hace referencia el portavoz de Costa del Sol Sí Puede elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial –y adelantado por SUR en marzo– afirma la existencia de supuestas «irregularidades» cometidas por Nozal en el marco de los procesos de subastas, una causa abierta desde hace algo menos de un año y por la que el presidente del PP de Mijas se encuentra ya investigado.

Presunta prevaricación

En concreto, dicho informe fechado el pasado 10 de marzo y que forma parte de la instrucción, la Guardia Civil destaca que en ciertos expedientes, el exalcalde (Nozal) y el exconcejal de Hacienda (Mario Bravo) del Ayuntamiento de Mijas «han participado de forma directa en la tramitación y resolución de algunos expedientes a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas». Tanto Nozal como Bravo ejercen esta labor profesional en la localidad, por lo que el informe insiste en que en estos procedimientos, «las citadas sociedades actúan como parte interesada, bien por haber gestionado la adjudicación de la finca en favor de la comunidad de propietarios, o bien por tener pendiente el cobro de las cuotas de comunidad».

La Guardia Civil, que considera que algunos hechos podrían ser constitutivos, «como mínimo, de un delito continuado de prevaricación», cree además que no había una «voluntad real de notificación» a los deudores implicados, muchos de los cuales solo tuvieron conocimiento de que sus inmuebles habían sido subastados varios meses después de las adjudicaciones.

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