El fiscal considera vulnerado el derecho del PP a controlar la acción de gobierno

El pleno aprobó el presupuesto en julio del año pasado. :: sur/
El pleno aprobó el presupuesto en julio del año pasado. :: sur

Los populares denuncian la aprobación definitiva del presupuesto de 2017 al haber recibido un informe municipal cuatro minutos antes del pleno

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Torremolinos del año pasado ha llegado a los juzgados. El PP, en la oposición, denunció la presunta vulneración de derechos constitucionales por parte del PSOE, que gobierna en minoría, por incluir una moción de urgencia para la aprobación presupuestaria sin dictamen de la comisión informativa ni entrega con antelación de la documentación necesaria a los concejales. El interventor municipal desestimó las alegaciones presentadas por el PP al documento económico en julio, pero este informe no fue puesto en conocimiento del grupo municipal popular hasta cuatro minutos antes del pleno donde el presupuesto quedó aprobado de forma definitiva mediante una moción urgente.

Los concejales liderados por Margarita del Cid entendieron que se estaba vulnerando su derecho a fiscalizar la labor de gobierno e interpusieron una denuncia sobre la que ahora se ha pronunciado la Fiscalía de Málaga. El PSOE justificó la urgencia alegando que el Ayuntamiento llevaba dos años sin presupuesto, una situación «excepcional» que requería la aprobación de un plan económico-financiero. El fiscal considera que la comunicación a través de Whatsapp la noche anterior al pleno ordinario de un nuevo punto relativo a la aprobación definitiva del presupuesto viola el derecho del PP a ejercer un efectivo control político de la actuación del equipo de gobierno y acusa al PSOE de utilizar «de forma fraudulenta» el recurso a la urgencia «para cercenar el derecho a la información de los grupos de la oposición».

La Fiscalía entiende que «no hubo tiempo legal ni material para decidir el sentido del voto y tratar de convencer a otros grupos sobre ello», por lo que estima la demanda interpuesta por el PP. Del Cid ha denunciado públicamente «las dificultades» que encuentra su grupo para acceder a la información municipal y para que sus solicitudes de informes municipales y datos sean atendidas por el Gobierno socialista.

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