Fernández Montes y la viceportavoz del PP, investigados por presunta prevaricación

Fernández Montes, en una imagen de archivo. /SUR
Fernández Montes, en una imagen de archivo. / SUR

Una jueza detecta posibles irregularidades en Protección Civil y pide oficios policiales sobre los contratos y las ayudas de la anterior legislatura

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las presuntas irregularidades detectadas por las auditorías externas realizadas en Torremolinos hace dos años podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, malversación, falsedad documental y fraude contra la Seguridad Social, según una denuncia interpuesta el año pasado por el PSOE, que gobierna en minoría. El Juzgado de Instrucción número 5 cita ahora como investigados al presidente del PP local y exalcalde, Pedro Fernández Montes, y a la actual viceportavoz del grupo municipal y exconcejala de Turismo, María José Jiménez, junto con tres trabajadores municipales. La denuncia pone de manifiesto la supuesta comisión de irregularidades en los contratos públicos, las subvenciones y el servicio de Protección Civil durante la anterior legislatura, cuando los populares ostentaban mayoría absoluta.

Para elaborar su auto, al que este periódico ha tenido acceso, la jueza ha tenido en cuenta dos oficios de los Grupos II y III de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, además de un atestado del Grupo Especial de Fraude del Cuerpo Nacional de Policía. Tras la lectura de estos oficios policiales, el Juzgado determinó que los hechos denunciados, aunque están referidos a los mismos investigados, no guardan relación entre sí, de modo que acordó su tramitación en tres piezas separadas. Aunque inicialmente la denuncia, presentada por el Gobierno local, fue archivada, la jueza ha ordenado la reapertura de la investigación al constatar que los oficios policiales «corroboran las irregularidades» en Protección Civil.

El Juzgado ha abierto diligencias previas para cada una de las tres piezas. Las investigaciones sobre contrataciones públicas y subvenciones serán sobreseídas provisionalmente hasta recibir los oficios policiales de la Udyco y acordar su archivo definitivo o su reapertura, como ha ocurrido con el caso de Protección Civil. La propia jueza reconoce «la complejidad del asunto» y advierte de «la carga de trabajo que mantiene el grupo policial actuante», algo que podría retrasar la investigación. La pieza relacionada con Protección Civil constituye hasta ahora el procedimiento más avanzado y la jueza ya ha solicitado la declaración de los investigados y de casi una decena de testigos.

La jueza detalla que las presuntas irregularidades en los contratos públicos y en las subvenciones quedan archivadas «a la espera de la llegada del oficio policial que se efectúe en esclarecimiento de los hechos denunciados». Junto con Fernández Montes, que acumula dos investigaciones abiertas anteriores, y Jiménez, han sido citados como investigados el exjefe de Protección Civil, M. C.; el exinterventor accidental, J. M., y la tesorera municipal, R. C. . Esta misma semana el Juzgado ha solicitado a la Policía Local que informe sobre los domicilios de los cinco investigados y uno de los testigos para hacerles llegar las correspondientes notificaciones.

Las auditorías y diversos informes municipales han revelado que el Ayuntamiento mantenía «una relación laboral encubierta» con los voluntarios de Protección Civil, a quienes pagaba 40 euros al día en concepto de dietas. Una sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya determinó que el Gobierno local del PP camuflaba esta relación laboral bajo un falso servicio de voluntariado sin haber dado de alta a los trabajadores, una situación por la que el Consistorio fue condenado a pagar 160.000 euros.

Vía penal

Los voluntarios de Protección Civil llegaban a recibir al mes una cantidad «muy superior al salario mínimo interprofesional», por lo que esos importes «no pueden ser calificados como compensación por las molestias causadas» sino como «sueldos encubiertos». El asunto, denunciado en su momento por la Tesorería General de la Seguridad Social, llega ahora a la vía penal.

Los autores de las auditorías externas, cuyo contenido adelantó este periódico en 2016, aseguraban que «no podemos manifestar que las personas firmantes de los recibos sean quienes percibieron dichos fondos», en relación a los pagos a voluntarios de playas. Los documentos también destapaban «numerosas deficiencias en la aplicación de las normas que rigen la contratación pública» y una evidente «falta de control» en la concesión de las ayudas públicas.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos