Fernández Montes, investigado por la presunta prórroga de un contrato menor en Torremolinos

Fernández Montes, alcalde de Torremolinos entre 1995 y 2015, en una imagen de archivo. /A. G.
Fernández Montes, alcalde de Torremolinos entre 1995 y 2015, en una imagen de archivo. / A. G.

El exalcalde declara hoy ante la jueza por la supuesta prolongación ilegal de un servicio del Patronato de Deportes entre 2011 y 2015

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha citado como investigado al exalcalde Pedro Fernández Montes por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del servicio de conserjería del Patronato Municipal de Deportes. El exregidor, presidente del PP local, declara hoy por la adjudicación de un contrato menor que, pese a que legalmente no podía prolongarse durante más de un año, se prorrogó desde 2011 hasta 2015. El asunto fue trasladado a los juzgados por Costa del Sol Sí Puede, el partido instrumental de Podemos, que señala presuntos delitos de prevaricación por omisión, fraude y malversación de caudales públicos.

La jueza que lleva el caso admitió la querella y abrió diligencias. En marzo del año pasado, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, dos agentes de la Policía Judicial retiraron documentación relativa al Patronato de Deportes, una empresa pública dependiente del Ayuntamiento. El contrato menor fue prorrogado por un importe total superior a los 200.000 euros. También la Policía Nacional se personó en el edificio consistorial para recabar información al respecto. Además de Fernández Montes, por el caso permanecen investigados el exconcejal de Deportes, José Carrión Navas (PP), y la jefa de Contratación. Fuentes consultadas por este periódico confirman que las prórrogas se llevaron a cabo pese a la existencia de un informe técnico que advertía «claramente» de que el contrato no podía ser prolongado.

En 2015, después del cambio de gobierno que relegó al PP a la oposición tras dos décadas de mayorías absolutas, el PSOE detectó supuestas irregularidades contractuales. Un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales constató esta situación y ratificó que los técnicos del Ayuntamiento ya advirtieron por escrito en 2011 sobre la imposibilidad de prorrogar la mencionada relación contractual o revisar sus condiciones económicas. A pesar de las directrices de los técnicos, el contrato fue prolongado y sus cuantías aumentaron año tras año. El servicio de consejería del Patronato fue adjudicado por un importe de 17.990 euros en enero de 2011. En 2012, los pagos ya ascendían a 30.447 euros; en 2013, fueron de 28.295 euros, y en 2014 superaron los 50.000 euros. En 2015 tuvo un coste de 73.277 euros y ya cuadriplicaba el importe máximo legalmente permitido (18.000 euros) para este tipo de contratos.

Paradójicamente, pese a que desde 2015 gobierna el PSOE, que fue el partido que detectó la presunta irregularidad, los socialistas no interpusieron denuncia alguna, una situación que provocó que Costa del Sol Sí Puede trasladase el asunto a los juzgados. El actual concejal de Deportes, César Carrasco (PSOE), puso fin al polémico contrato pero fue acusado por el partido instrumental de Podemos de «irresponsabilidad» por su «inacción judicial».

Período legal

En su escrito, Costa del Sol Sí Puede destaca la existencia de un documento firmado por el exconcejal de Deportes en el que se indica expresamente que el período legal para contratar a personal ajeno a la Administración local es de un año. La empresa adjudicataria del servicio, sin embargo, siguió desempeñando el trabajo «sin contar con contrato alguno, tan solo con un presupuesto mensual». Los querellantes reconocen que no existe forma de acreditar la vulneración de la legislación en la adjudicación del contrato, pero aseguran que sí queda claro que tanto el tiempo de duración de la relación laboral como la cantidad cobrada «corroboran la irregularidad» de las prórrogas. Costa del Sol Sí Puede acusa al anterior equipo de gobierno del PP de incumplir la ley «afianzando a una empresa y perjudicando los intereses del resto de los ciudadanos y de las arcas municipales».

La acusación sostiene que no se trata «de un hecho concreto sino continuado y amparado durante años por los responsables de dicha contratación». El portavoz de Costa del Sol Sí Puede, José Piña, también critica «la pasividad» del equipo de Gobierno socialista, al que acusa desde inicios de legislatura de mantener «un pacto de no agresión» con el PP que tendría como objetivo evitar judicializar las presuntas irregularidades detectadas en los últimos dos años. Piña afirma haber instado al PSOE «en varias ocasiones» a trasladar a los juzgados los asuntos denunciados públicamente: «Alguien tiene que hacerlo, y lamentamos que no sea el Ayuntamiento, que dispone de todos los medios a su alcance para ello».

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