Fernández Montes achaca a un «montaje político del PSOE» el 'caso Protección Civil' en Torremolinos

Fernández Montes, ayer a la salida del juzgado tras su declaración como investigado./SUR
Fernández Montes, ayer a la salida del juzgado tras su declaración como investigado. / SUR

En su declaración como investigado por los salarios encubiertos de falsos voluntarios, el exalcalde niega haber cometido ningún delito

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

El exalcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, declaró ayer como investigado por los salarios encubiertos que el Ayuntamiento pagó a los falsos voluntarios de Protección Civil, a quienes legalmente les correspondía la condición de trabajadores por el servicio prestado como vigilantes de playas según una sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Consistorio ya fue condenado a pagar una multa de más de 160.000 euros a la Seguridad Social por no haber dado de alta a estos empleados, y ahora el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos investiga las posibles responsabilidades de Fernández Montes en el caso.

En declaraciones a Torremolinos Televisión, el exalcalde achacó el procedimiento a un «montaje político» puesto en marcha por el PSOE, que llevó a los juzgados los resultados de las auditorías externas realizadas sobre la gestión de la anterior legislatura, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Ante la jueza que lleva el caso, el exregidor negó haber cometido cualquier delito. Junto a él permanecen investigados la actual viceportavoz del PP, María José Jiménez, y tres trabajadores municipales. El Ayuntamiento pagaba 40 euros diarios, en la mayoría de ocasiones en metálico y en concepto de dietas, a estos vigilantes de playas.

En la ratificación de la sentencia de 2016, el TSJA consideraba que el Consistorio mantenía «una relación laboral encubierta» con estos empleados y acusaba al Gobierno local que presidía Fernández Montes de haber camuflado una relación laboral contrastada bajo un falso servicio de voluntariado sin haber dado de alta a los trabajadores. El juez concluyó que los voluntarios de Protección Civil llegaban a recibir al mes una cantidad «muy superior al salario mínimo interprofesional», por lo que esos importes «no pueden ser calificados como compensación por las molestias causadas», como ocurre con el voluntariado real, sino como «sueldos encubiertos». La sanción únicamente corresponde a 2013, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social advirtió los pagos, pero esta fórmula supuso una práctica habitual durante años.

Este sistema fue interrumpido hace dos años, cuando el PSOE, que gobierna en minoría desde 2015, recibió un informe del secretario municipal que denunciaba «los salarios encubiertos» recibidos por estos trabajadores. Los socialistas sacaron a concurso, con carácter urgente, la contratación administrativa de una empresa para cubrir el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Torremolinos. El caso volvió a salir a la luz en las auditorías ordenadas por el Gobierno local, que trasladó a los tribunales las presuntas irregularidades detectadas.

La jueza que lleva la instrucción consideró que la denuncia de los socialistas debe separarse en tres piezas independientes: Protección Civil, contrataciones y subvenciones. Las causas relacionadas con las ayudas y los contratos han sido archivadas de forma provisional hasta que el Juzgado reciba los oficios policiales correspondientes. En el 'caso Protección Civil', sin embargo, estos oficios ya han concluido y «corroboran irregularidades», según el auto judicial. En la citación de Jiménez podría haberse producido un error, ya que según fuentes consultadas su investigación tiene relación con las subvenciones, no con Protección Civil.

En cuanto a los pagos realizados durante años a los falsos voluntarios, la tesorera municipal declaró, según fuentes cercanas al caso, que una carta remitida desde Alcaldía le prohibió recabar información en Intervención sobre los gastos a justificar. Por su parte, el exalcalde mantiene que se limitaba a dar el visto bueno a estos pagos y alega que la gestión del servicio correspondía al jefe de Protección Civil. La jueza mantiene sobreseídas las otras dos piezas a falta de recibir los resultados de la investigación policial.

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