Una familia con dos menores en Torremolinos será desahuciada en noviembre

Una familia con dos menores en Torremolinos será desahuciada en noviembre

El Ayuntamiento se compromete a pagar el 40% de la cuota de alquiler de la vivienda, propiedad de una entidad bancaria «que se niega a sentarse a hablar»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La familia con dos menores que se enfrentaba esta mañana a la ejecución de una orden de desahucio por impago del alquiler de su vivienda en Torremolinos ha conseguido aplazar el procedimiento hasta el 6 de noviembre. La presión social y el apoyo del Ayuntamiento han resultado fundamentales para postergar el lanzamiento, que da margen para negociar un nuevo calendario de pagos. El concejal de Bienestar Social, Pedro Pérez (PSOE), se ha personado hoy junto a los ediles de Costa del Sol Sí Puede después de intentar contactar sin éxito «en multitud de ocasiones» con el Banco Popular, entidad propietaria de la vivienda, para ofrecer diversas alternativas de pago. El Consistorio dispone de una partida anual de 200.000 euros para ayudas al alquiler y ha planteado la posibilidad de abonar el 40 por ciento de la cuota durante un año (una ayuda total de 1.200 euros), una vez constatado por parte de los técnicos municipales que la familia se encuentra en riesgo de exclusión social.

La historia se remonta dos décadas atrás, cuando la pareja formada por Yolanda y Juanma adquirió un piso en el barrio de El Calvario. Tras pagar la hipoteca durante varios años, Juanma se quedó sin trabajo en plena crisis, con la pensión de prejubilación por depresión de 680 euros que recibe Yolanda como único ingreso de la unidad familiar. El banco inició entonces una ejecución hipotecaria, consistente en la venta de la vivienda por incumplimiento de los deudores. El piso salió a subasta pero no encontró comprador y el inmueble pasó a ser propiedad de la entidad bancaria, que a su vez firmó con la familia un contrato de alquiler regular.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torremolinos declaró firme la orden de desahucio en febrero de este año por cinco impagos de la cuota de alquiler. Juanma y Yolanda solicitaron un aplazamiento hasta que sus dos hijos, de nueve y diecisiete años, terminasen el curso, pero el Juzgado se negó y autorizó a la comisión judicial para que, en el caso de que fuera requerido, se cambiara la cerradura de la vivienda y se adoptaran «las medidas necesarias, recabando incluso el auxilio de la fuerza pública», según consta en una diligencia a la que tuvo acceso este periódico.

Un informe del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, cuyos técnicos confirmaron «el grave riesgo de exclusión social» de la familia, sirvió para que el Juzgado emitiese un nuevo dictamen accediendo a la solicitud de la defensa y concediendo una prórroga de un mes que finaliza el 29 de mayo. Juanma, que ha sufrido tres ictus, explica que tienen unos gastos fijos superiores a los 300 euros por el pago de la rehipoteca de sus suegros, cuya vivienda sirvió como aval para saldar una primera deuda bancaria, un importe «con el que intentábamos salvar la casa, pero fue imposible».

La familia lamenta «haber tirado miles de euros a la basura» para pagar parte de la hipoteca de una vivienda que es propiedad de una entidad bancaria: «Es frustrante saber que unos días estaremos en la calle mientras que la casa por la que hemos luchado pertenecerá al banco y se quedará vacía». La abogada de la familia, Noemí Ouviña, recuerda que la entidad bancaria suscribió en 2012 el código de buenas prácticas y medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos: «El banco, aun sabiendo que la familia no tenía recursos, firmó un contrato de alquiler regular cuando debería haber sido un alquiler social».

Con la ayuda planteada por el Ayuntamiento, la familia podría ponerse al día en el pago del alquiler, pero desde el banco rechazan esta posibilidad, según el concejal de Bienestar Social: «Es factible encontrar en este caso una solución que dé cumplimiento al contrato en vigor entre las partes y permita permanecer en la vivienda a la familia, pero lamentablemente tanto desde el propio banco como de los gabinetes de abogados a los que nos han derivado sólo hemos encontrado el rechazo frontal al sentarse a hablar del tema». Este periódico ha intentado obtener sin éxito la versión de la entidad bancaria.

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