Vecinos se oponen al desahucio de una familia con menores en Torremolinos

Parte de la familia, ayer entrando al Ayuntamiento junto a la concejala Josefina Serdio.
Parte de la familia, ayer entrando al Ayuntamiento junto a la concejala Josefina Serdio. / Alberto Gómez

La jueza paraliza el lanzamiento, previsto hoy, para revisar el caso, repleto de «cláusulas abusivas» sobre un piso propiedad de un banco

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Una jueza paralizó ayer el desahucio de una familia con cuatro menores de edad, previsto hoy. Su historia se remonta a 2005, cuando Fátima compró una vivienda. Dos años después, tras quedarse sin trabajo, dejó de poder hacer frente a las mensualidades de la hipoteca, que ascendía a cerca de 120.000 euros. Fue entonces cuando, junto a sus dos hijos, comenzó a vivir de alquiler, hasta que en 2015 regresaron al piso, vacío y propiedad del banco. «Nos notificaron una deuda antigua de más de 3.000 euros de IBI y ya no podíamos costearnos el alquiler, así que decidimos ocupar la casa», explica. CajaSur interpuso una denuncia que ha acabado resolviéndose con una multa contra Fátima por usurpación de la propiedad y una sentencia que la obliga a abandonar el inmueble, donde vive junto a su madre, sus dos hijos de 26 y 20 años y sus dos nietos y dos sobrinos de tres, cinco, ocho y 14 años.

Fátima y su familia han encontrado en los vecinos a sus mejores aliados. «No queremos que se vayan. Antes de que llegaran ellos la casa había estado ocupada y fue un desastre», cuentan. El presidente del bloque dejó de enviar los recibos de la comunidad a la entidad bancaria, propietaria del piso, para pasárselos a Fátima: «Así consta que está pagando por estar aquí. Los vamos a ayudar en todo lo que podamos. No son gente conflictiva, son buenos vecinos», detalla Juan. Con el asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Málaga, Stop Desahucios y Costa del Sol Sí Puede, la familia ha conseguido reunir la documentación necesaria para que la jueza decidiera ayer, menos de 24 horas antes del lanzamiento por la ejecución de la sentencia, frenar de forma momentánea el procedimiento para revisar el caso y comprobar si se cumplió el derecho a una tutela judicial efectiva.

Fátima denuncia que ni ella ni su familia tienen alternativa habitacional. María, su madre, enferma y sin ingresos, lleva unos meses viviendo con ella tras ser desahuciada: «Pedimos un alquiler social. No queremos no pagar, pero ahora no podemos afrontar un alquiler normal. Tenemos a cuatro menores en casa y no sabemos qué hacer, dónde ir si nos echan». La concejala Josefina Serdio asegura que el contrato firmado en 2005 por Fátima «está repleto» de cláusulas abusivas, como un interés de demora del 18 por ciento o la cláusula suelo. Torremolinos arrastra el agravante de carecer de un parque de viviendas sociales, y las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento en estos casos se limitan al pago de la fianza y del primer mes de alquiler. En febrero de 2016, el pleno aprobó la elaboración de un plan municipal de viviendas sociales con el compromiso por parte del PSOE, que gobierna en minoría, de tenerlo listo en un plazo máximo de seis meses. Un año y medio después, el plan se encuentra aún en fase de estudio.

El Ayuntamiento aún no ha elaborado el Plan de Vivienda que debía presentar, según acuerdo plenario, hace un año

«Nos quieren echar a la calle para que un piso se quede vacío», lamenta Fátima. CajaSur, entidad con la que este periódico trató ayer sin éxito de contactar, sacó la vivienda a subasta con un precio de salida de 250.000 euros, pero no encontró comprador. Costa del Sol Sí Puede solicitó un informe municipal para hacer constar que Fátima y su familia se encuentran en riesgo de exclusión social, un documento que podría resultar clave para retrasar un nuevo lanzamiento, contra el que los vecinos ya organizan una protesta.

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