El Consejo de Ministros acuerda pedir la extradición de Carlos Fernández por seis causas

Carlos Fernández, detenido. :: sur/
Carlos Fernández, detenido. :: sur

La decisión ya había sido adelantada a las autoridades argentinas hace dos semanas para impedir la puesta en libertad del exconcejal

HÉCTOR BARBOTTA

El Consejo de Ministros acordó en su sesión de ayer remitir a las autoridades de Argentina la solicitud de extradición del exconcejal de Marbella Carlos Fernández, detenido en el país austral el pasado 15 de septiembre. En total se trata de seis expedientes que corresponden a otros tantos procedimientos en los que el exedil fue procesado por delitos que a juicio de los respectivos juzgados no han prescrito.

El Gobierno español ya adelantó el pasado 25 de octubre a las autoridades argentinas en una comunicación de urgencia su intención de solicitar la extradición del exedil. En aquella ocasión lo hizo para evitar que venciera el plazo de 40 días desde la detención sin que hubiera comunicación oficial, lo que hubiera propiciado, según la norma argentina, la puesta en libertad del exconcejal, que se encuentra encarcelado en la prisión de Chimbas, en la provincia de San Juan. Sin embargo, no han sido hasta ayer cuando el Consejo de Ministros ha aprobado formalmente la solicitud de extradición a petición del titular de Justicia, Rafael Catalá. Ahora se remitirá toda la documentación a las autoridades argentinas para la celebración del juicio de extradición. Ambos países mantienen desde 1987 un tratado de colaboración judicial recíproca.

Todos los procedimientos por los que se pide la repatriación del exedil fugado para su comparecencia ante las autoridades judiciales españolas corresponden a supuestos delitos correspondientes al periodo 1991-2005, en el que Fernández fue concejal en Marbella; primero con el GIL y posteriormente con el Partido Andalucista.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil investigados en el marco del conocido como 'caso Saqueo 2'.

Se trata de hechos ocurridos entre 1991 y 1999 que ya han sido juzgados en relación con el resto de los acusados en esta causa, entre los que se encuentran el exalcalde Julián Muñoz y el exgerente de Urbanismo Juan Antonio Roca.

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