La Comisión Consultiva rechaza partes del pliego del nuevo contrato del agua en Fuengirola

La principal controversia se encuentra en la duración del futuro contrato de agua. /I. G.
La principal controversia se encuentra en la duración del futuro contrato de agua. / I. G.

El organismo andaluz de contratación pública considera que el futuro concesionario no puede revisar las tarifas de forma periódica

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

El futuro de la gestión del agua en Fuengirola sigue sin estar claro del todo. Con el límite temporal cercano tras la segunda prórroga del actual contrato en septiembre de 2018, un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública -a petición del Ayuntamiento- rechaza alguno de los puntos del nuevo pliego que, si bien fue aprobado por el pleno en primera instancia, aún no ha salido a concurso.

Hace unos días, SUR publicaba que fuentes oficiales del equipo de gobierno sostenían que el Ayuntamiento envió tanto a la Secretaría de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa (que depende del Ministerio de Hacienda) como a la Comisión Consultiva de Contratación Pública (Consejería de Hacienda) el pasado 31 de julio una serie de consultas con respecto al pliego. «Hasta la fecha sólo ha contestado el órgano dependiente de la administración autonómica, por lo que estamos a la espera de la respuesta del Ministerio para continuar con el procedimiento», aseguraban entonces.

«No obstante, hemos solicitado presupuesto para actualizar el pliego y adaptarlo a la nueva Ley de Contratación Pública que entró en vigor en marzo», añadían. «El pliego saldrá a licitación en cuanto se actualice la documentación y estén todas las cuestiones resueltas, como no podría ser de otra forma», aseguran.

Este periódico ha tenido acceso a la respuesta del organismo andaluz, enviada el pasado mes de noviembre. En ella, argumentan a una pregunta concreta del Ayuntamiento que no procede la revisión de precios periódica y predeterminada, única permitida en los contratos del sector público, «en un contrato de gestión de servicios públicos con un periodo de recuperación de la inversión inferior a cinco años, de acuerdo con establecido en la ley».

Así, explican desde la Junta Consultiva que, por ello, «no puede plantearse una revisión de tarifas, que más bien parece pretende ser una revisión de precios, como si de un mantenimiento del equilibrio económico financiero se tratase sin darse las circunstancias previstas».

En lo que el informe no entra de lleno directamente es en la duración del contrato, principal motivo de controversia. Mientras que el equipo de gobierno quiere dejarlo en 25 años (lo que suponen 180 millones de euros), la oposición y la Intervención consideran que es «demasiado», máxime cuando se prevé recuperar la inversión en menos de cinco años.

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